Por Carlos Silva
El atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, representa un hecho gravísimo que no puede relativizarse. En la madrugada del domingo 28 de setiembre de 2025, su domicilio fue atacado con disparos; los agresores, además, cavaron un pozo en el predio y colocaron una granada. Afortunadamente, ni ella ni su familia resultaron heridas, pero el mensaje fue claro: se buscó intimidar a una Fiscal y por extensión, al Estado de derecho en su conjunto.
No es la primera vez que Ferrero ha sido blanco de amenazas. Ya durante su labor en fiscalías de estupefacientes sufrió advertencias de grupos criminales que le “hicieron señales de muerte”. Lo sucedido ahora es un salto cualitativo, un ataque directo que busca generar miedo en toda la estructura de la justicia. Si los criminales sienten que pueden atemorizar a la fiscal de Corte, entonces el riesgo se expande a cada juez, fiscal y policía del país.
La hipótesis que maneja la investigación apunta a grupos vinculados al narcotráfico. No es casualidad, el narcotráfico ha demostrado en la región que utiliza la violencia como herramienta de presión y control. Uruguay, que históricamente se distinguió por su tranquilidad, ya no es inmune a estas prácticas.
Lo más preocupante es que los mensajes del Gobierno han sido débiles y contradictorios. Mientras el ministro del Interior, Carlos Negro, calificó el ataque como “cobarde” y anunció detenciones, el resto del gabinete ha mantenido un silencio llamativo. El propio presidente Orsi habló de “respuestas concretas”, pero hasta ahora no hay acciones que transmitan firmeza ni un rumbo claro. Frente a hechos de esta magnitud, el país no necesita frases de ocasión, sino liderazgo y determinación.
Este proceso de inseguridad no es nuevo. Durante los gobiernos frenteamplistas, los delitos violentos crecieron sin pausa, hasta que en la administración de Luis Lacalle Pou se logró frenar esa tendencia y, en algunos indicadores, revertirla. Hoy, lamentablemente, estamos viendo cómo la espiral de violencia vuelve a intensificarse. Lo que sucede en Montevideo también se refleja en el interior, en Salto, los vecinos han sido sacudidos por asaltos a mano armada en comercios, arrebatos violentos en las calles y el avance del narcotráfico en distintos barrios. Esa sensación de inseguridad se palpa todos los días.
Lo ocurrido en la casa de Mónica Ferrero es, en otra escala, lo mismo que sienten tantas familias cuando deben convivir con la amenaza del delito: miedo, impotencia y la idea de que el Estado no llega a tiempo. Por eso este hecho no puede analizarse como algo aislado, sino como el símbolo de un deterioro mayor que golpea a toda la sociedad.
El país no puede resignarse a este camino. Recuperar la seguridad y proteger a la justicia es tarea de todos, pero sin dudas el principal responsable es el del Gobierno Nacional. La independencia de la Fiscalía y de los tribunales no es un privilegio de sus funcionarios; es una garantía para cada ciudadano. Sin justicia libre y sin jueces y fiscales respaldados, no hay democracia posible.
El ataque a Mónica Ferrero debe ser una señal de alarma. No se trata solo de proteger a una persona, sino de proteger el corazón de nuestra institucionalidad. Si la amenaza logra abrirse paso, el miedo se volverá costumbre, y con él se irá la confianza en el sistema democrático.
Hoy más que nunca se necesita unidad política, firmeza en las decisiones y compromiso real con la seguridad. Uruguay tiene la tradición y la fortaleza para dar esa respuesta. Lo que no tiene es tiempo que perder.
