El autor del asalto a la distribuidora Borba ubicada en Avenida Manuel Oribe al 5100, que permanecía internado en un centro asistencial local, recibió el alta médica el lunes 27 de julio. Tras dar aviso a la Fiscalía actuante, que dispuso las diligencias correspondientes, el caso llegó al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Segundo Turno de Salto.
RESOLUCIÓN
El tribunal condenó a A.F.R.P., de 19 años, como autor penalmente responsable de dos delitos de rapiña especialmente agravada y un delito de receptación, todos en reiteración real entre sí. La pena impuesta fue de cinco años y cuatro meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo, con descuento del tiempo que el joven ya había permanecido detenido y las accesorias legales de rigor. En paralelo, este jueves se formalizó la investigación llevada adelante por la Fiscalía Letrada Departamental de Salto de Cuarto Turno, en el marco del artículo 266 del Código del Proceso Penal, contra P.E.Y.A., de 21 años, imputado por la presunta comisión de dos rapiñas especialmente agravadas por uso de arma y pluriparticipación, además de un delito de receptación, también en reiteración real. La Justicia dispuso para el imputado la medida cautelar de prisión preventiva por 120 días, con cese automático fijado para el 25 de noviembre de este año, salvo que se disponga lo contrario.
ADOLESCENTE REQUERIDO DETENIDO
Efectivos policiales acudieron a calle Vilardebo, a la altura del 600, por otro episodio de desorden. Allí se entrevistaron con un hombre de 37 años, quien relató que se encontraba en su domicilio de calle Juan Carlos Gómez al 200 cuando escuchó un ruido y, al salir a verificar, vio a una persona sustrayendo su motocicleta Yumbo Max para luego darse a la fuga. El damnificado decidió perseguirlo. En calle Vilardebo al 600 logró forcejear con el sospechoso, quien intentó ingresar a viviendas de la zona sin éxito, ya que los vecinos se lo impidieron. Ante esa negativa, el individuo arrojó piedras contra las casas. Finalmente se identificó al autor del hurto: un adolescente de 17 años que, según se corroboró en el Sistema de Gestión y Seguridad Pública, tenía una requisitoria vigente por averiguación de paradero.
