El sistema político uruguayo enfrenta un duro cuestionamiento tras revelarse que una normativa clave para la inclusión social se encuentra completamente paralizada en los hechos. A cinco años de haberse aprobado la ley y encontrándose el decreto reglamentario plenamente vigente, las estructuras estatales han reconocido de forma oficial su absoluta incapacidad operativa para implementar el derecho al transporte gratuito destinado a las personas con discapacidad. La situación cobró estado público tras un pedido de informes realizado por el diputado por Salto, Horacio de Brum, con el objetivo de conocer los mecanismos institucionales que garantizan este beneficio.
RESPUESTA ALARMANTE
De acuerdo con lo expresado por el legislador salteño, la respuesta oficial brindada por el Ministerio de Salud Pública expone un panorama crítico y una carencia absoluta de infraestructura para hacer efectivo lo que la ley manda. El informe de la cartera de Estado admite que en la actualidad no existe una dependencia física u organizativa encargada de gestionar el trámite correspondiente. Asimismo, las autoridades confirmaron que no hay oficinas habilitadas al público para recibir las solicitudes, no se ha emitido ningún tipo de carné identificatorio para los usuarios y la base de datos es inexistente, por lo que el Estado es incapaz de contabilizar cuántas personas deberían recibir el beneficio.
