La gestión de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande vuelve a estar bajo la lupa política y social. En las últimas horas, la Cámara de Diputados formalizó una serie de pedidos de informe orientados a fiscalizar las contrataciones y los gastos que vienen ejecutando las actuales autoridades del organismo. La iniciativa parlamentaria surge tras conocerse la incorporación de dos nuevos asesores para la delegación uruguaya, cuyos honorarios individuales rondan los 9.000 dólares mensuales, un hecho que reavivó el debate sobre el manejo de los recursos públicos en la represa binacional.
CONTRATACIONES BAJO LA LUPA
La controversia escaló luego de que el semanario Búsqueda revelara que la delegación uruguaya incorporó a su plantilla de asesores a dos exgerentes generales de la represa. Ambos profesionales percibirán una remuneración equivalente a la categoría más alta dentro del escalafón del organismo, identificada como puntaje 6. Este nivel de retribución económica implica un sueldo mensual de aproximadamente 355.000 pesos uruguayos (casi 9.000 dólares) por una carga horaria de seis horas diarias. Los pedidos de informe parlamentarios hacen hincapié en que, además de este salario base, los asesores se beneficiarán de los beneficios adicionales del organismo, tales como sueldo anual complementario, salario vacacional, antigüedad y asignaciones familiares, lo que eleva considerablemente el costo real para las arcas estatales.
DEFENSA DE LA GESTIÓN
Ante el requerimiento del Poder Legislativo y la repercusión pública, el presidente de la delegación uruguaya, Gonzalo Casaravilla, salió en defensa de los nombramientos. El jerarca, quien asumió el cargo en mayo de 2025 tras la renuncia de Carlos Albisu en la administración anterior con la premisa de reducir las cuestionadas contrataciones directas de militantes políticos, argumentó que estas nuevas incorporaciones responden estrictamente a criterios de idoneidad técnica. Casaravilla explicó que el organismo se encuentra inmerso en un ambicioso y complejo proceso de reforma y renovación de la infraestructura de la represa binacional. En ese marco, defendió las contrataciones apelando a la vasta experiencia de ambos exgerentes en la operativa interna, lo que resultaría clave para asesorar de forma idónea en la toma de decisiones estratégicas de alta ingeniería y gestión.
AVANCES EN EL AJUSTE
Asimismo, el jerarca aprovechó la oportunidad para reivindicar el rumbo general de su administración al frente de la Comisión Técnica Mixta. El presidente aseguró que, desde su llegada, ha llevado adelante una profunda reestructura interna de la delegación uruguaya con el objetivo de dotarla de mayor eficiencia y transparencia. Según las cifras aportadas por el propio Casaravilla, este proceso de ordenamiento administrativo permitió una reducción drástica de la plantilla de personal, pasando de 35 a 20 funcionarios en funciones.
