La ayuda después de la tormenta: Entre los productores de Salto y María Dolores

Por Pablo Vela
El temporal del 18 de julio pasó en unas pocas horas. El viento hizo su trabajo con una contundencia que no necesitó discursos ni decretos: arrancó invernáculos, destruyó cultivos, destrozó estructuras y dejó a cientos de productores de Salto mirando lo que durante meses habían construido convertido en un montón de chatarra, nylon y plantas perdidas.
Después llegaron las autoridades, los relevamientos, las declaraciones de emergencia y, finalmente, los anuncios.
El Gobierno nacional terminó anunciando $178.499.076 para 306 productores afectados. El apoyo contempla una partida no reembolsable de hasta US$ 12.000 por productor y un complemento para aquellos que acreditaron daños superiores, que puede llegar hasta US$ 40.000. No es poco dinero.
Pero tampoco es la reparación de una catástrofe.
Es, en definitiva, un “besito”. Y entre un “besito” y la reconstrucción completa de una producción hay una diferencia bastante importante.
La pregunta, entonces, no es si el Gobierno hizo algo. Lo hizo. La pregunta es que terminó siendo realmente esa ayuda para quien perdió buena parte de su producción y debe volver a empezar.
Porque durante las primeras horas posteriores al temporal se habló de estar junto al pequeño y mediano productor, de poner “todo lo que esté al alcance” para levantarlo y de generar instrumentos que permitieran recuperar los sistemas productivos. 
Y eso generó expectativas.
El Estado relevó los daños, clasificó las pérdidas y estableció topes. Es razonable que así sea: los recursos son finitos y debe existir un criterio para distribuirlos.
Pero para el productor que perdió infraestructura, cultivos y meses de trabajo, la matemática del Estado no necesariamente coincide con la matemática de su trabajo, de chacras, campos.
Hay una diferencia entre lo que cuesta un desastre y lo que el presupuesto público está dispuesto a reconocer como ayuda, es lógico, es de sentido común.
Y aquí aparece una comparación que puede resultar incómoda, pero también bastante ilustrativa y necesaria porque aquella lógica y el sentido común no siempre están presente.
¡María Dolores!
El Estado uruguayo pagó alrededor de US$ 32 millones por la estancia María Dolores, adquirida por el Instituto Nacional de Colonización. El predio, ubicado en Florida, forma parte ahora de un proyecto de desarrollo lechero que prevé beneficiar a familias productoras y que el Gobierno presenta como una apuesta al arraigo y al futuro del medio rural. 
Que María Dolores tenga un objetivo productivo y social puede ser discutible o defendible, y seguramente habrá argumentos a favor y en contra. Con el tiempo cada vez menos argumentos a favor, pero la compra ya fue efectivizada.
Pero aquí no estamos discutiendo la conveniencia de comprar una estancia.
Estamos hablando de prioridades.
Porque resulta inevitable hacer una cuenta sencilla.
Mientras el Estado destinó unos US$ 32 millones para comprar María Dolores, en Salto hubo que esperar casi dos meses para conocer que 306 productores afectados por el temporal recibirían, en conjunto, $178,5 millones.
No hace falta ser economista para entender la falta de lógica y sentido común.
La diferencia parece estar en que para una cosa el Estado compra tierra; para la otra, reparte “besos”.
Hay otro dato que debería preocuparnos todavía más: de los aproximadamente 300 productores afectados, solamente unos 80 tenían seguro. El propio MGAP señaló que subsidia hasta el 70% del costo de los seguros granjeros. 
Es decir, el temporal también dejó al descubierto una fragilidad estructural.
La solución tampoco puede ser simplemente decirle al productor “usted debió asegurarse”.
Y si el clima está cambiando, habrá que asumir que estos episodios no son una excepción que ocurre una vez cada tanto.
El temporal del 18 de julio debería servir para discutir una política permanente de prevención y cobertura, no solamente una ayuda de emergencia.
Pero la verdadera evaluación no se hará en una conferencia de prensa.
Será cuando sepamos cuantos productores pudieron reconstruir sus invernáculos, cuantos volvieron a plantar, cuantos recuperaron sus ingresos y, sobre todo, cuantos decidieron que ya no valía la pena seguir arriesgando todo lo que tienen en una actividad que depende cada vez más de fenómenos climáticos extremos.