Por Pablo Vela
Gobernar una intendencia, sobre todo la de Salto, implica mucho más que tener voluntad política. Requiere conocimiento, capacidad técnica, planificación, administración eficiente, incluyendo personas preparadas para asumir responsabilidades.
Recordemos que venimos de 15 años de decisiones erróneas, falta de obras, ejecución de planificación, desorden administrativo, despilfarro de recursos, etc.
Pero esas dificultades no pueden atribuirse únicamente a la falta de recursos económicos o a los desafíos propios de la gestión pública. Una parte importante del problema parece radicar en la capacidad de algunos de sus jerarcas para conducir áreas complejas que exigen formación, experiencia y criterios técnicos.
Administrar un gobierno departamental significa tomar decisiones todos los días sobre prioridades, inversiones, mantenimiento, servicios y uso de los recursos públicos. Cuando quienes ocupan cargos de responsabilidad carecen de la preparación necesaria, las decisiones suelen ser reactivas en lugar de estratégicas. Se resuelven urgencias, pero no se construyen soluciones de largo plazo.
La planificación deja de ser una herramienta de gestión para convertirse en una sucesión de improvisaciones. Las obras se retrasan, los proyectos cambian de rumbo, los presupuestos pierden previsibilidad y el ahorro deja de existir porque cada error termina costando más dinero.
También aparece otro problema: la falta de capacidad para gestionar recursos. No alcanza con reclamar más fondos o señalar las dificultades económicas. Un buen administrador sabe optimizar lo que tiene, establecer prioridades, controlar el gasto, evaluar resultados y generar condiciones para que cada peso invertido produzca el mayor beneficio posible para el contribuyente.
La capacitación de los equipos de gobierno no debería considerarse un lujo ni un requisito secundario. Es una necesidad. Los gobiernos modernos necesitan funcionarios y jerarcas que comprendan de administración pública, planificación estratégica, gestión financiera, contratación pública, liderazgo y evaluación de políticas. La buena voluntad, por sí sola, no reemplaza el conocimiento.
Naturalmente, ocupar un cargo político no implica que una persona deba ser especialista en todas las materias. Para eso existen equipos técnicos y asesores. Sin embargo, quienes dirigen las distintas áreas deben tener la capacidad de interpretar información, escuchar a los profesionales, tomar decisiones fundamentadas y ejercer un liderazgo eficaz. Cuando esa capacidad falta, incluso los mejores equipos encuentran dificultades para producir resultados.
Los ciudadanos no evalúan únicamente los discursos. Evalúan calles en buen estado, servicios que funcionan, cuentas ordenadas, obras terminadas en tiempo y forma y una administración responsable de los recursos públicos.
La discusión, entonces, no debería centrarse exclusivamente en quién gobierna, sino en como se gobierna. La profesionalización de la gestión pública es un desafío que trasciende a los partidos políticos y debería convertirse en una prioridad permanente. Designar personas por confianza política puede ser legítimo; hacerlo sin considerar su capacidad para administrar áreas complejas puede terminar afectando la calidad del gobierno; el clientelismo además de ser una práctica que deja al descubierto la impunidad que siente la clase política, sigue bajando el nivel de nuestros políticos: mérito para el cargo? Hijo, sobrino, esposa/o, de…, ahijado, “puntero de …”.
Salto necesita una administración que combine sensibilidad política con capacidad de gestión. Porque las buenas intenciones son importantes, pero no alcanzan. Cuando falta preparación para planificar, ejecutar, administrar y ahorrar, las oportunidades se pierden, los problemas se acumulan y el costo, una vez más, termina recayendo sobre toda la sociedad.
Miércoles 08 de Julio, 2026 81 vistas