Dr. Fulvio Gutiérrez
El ambiente político uruguayo, esta conmovido por una serie de denuncias que se han hecho por parte de los partidos de la oposición contra el accionar de la JUTEP. Se acusa a los integrantes de la mayoría de su Directorio de graves ilegalidades, de un manejo arbitrario de sus competencias por parte de sus dos integrantes oficialistas (Ana Ferraris y Alfredo Asti), que han actuado resolviendo situaciones por razones políticas y no jurídicas, según se trate de denuncias contra funcionarios del Frente Amplio o de la “oposición”, llegando incluso a solicitar al Poder Ejecutivo, la destitución de los mismos en aplicación del art. 198 de la Constitución, sin perjuicio de una denuncia penal. Ahora bien. ¿Qué es la JUTEP?
La sigla “JUTEP”, se refiere a la Junta de Transparencia y Ética Pública, organismo que fue creado por la Ley No 19.340 de fecha 28/8/2015, como servicio descentralizado. Tiene personería jurídica y se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, con independencia técnica en el ejercicio de sus funciones.Su dirección está a cargo de un Directorio integrado por tres miembros rentados (Presidente, Vicepresidente y Vocal), designados por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros con venia del Senado, por un quórum de tres quintos de votos de sus integrantes. Entre sus cometidos, está promover la transparencia en la función pública, recibir y analizar las declaraciones juradas de bienes e ingresos de los funcionarios públicos, y fiscalizar el cumplimiento de las normas de ética pública.
Sus resoluciones tienen solo carácter técnico, consultivo y de valor exhortativo, pero carecen de efectos vinculantes y el organismo no posee potestad sancionadora propia. Quiere decir, que sus pronunciamientos funcionan como juicios de valor, dictámenes o informes sobre la conducta ética de los funcionarios y la aplicación de las normas de trasparencia, pero no obligan por sí mismos a modificar o revocar un acto administrativo. Esto significa que la JUTEP, no puede aplicar sanciones administrativas, ni declarar formalmente la existencia de un delito o acto de corrupción; porque esa atribución, recae de manera exclusiva en la Justicia penal, o en los jerarcas administrativos con potestad disciplinaria. Es decir, está claro que la ley concibe a la JUTEP como un simple órgano asesor y auxiliar de la Justicia o de los organismos del Estado, pudiendo remitir sus antecedentes a los tribunales o a los entes públicos correspondientes cuando detecta presuntas irregularidades, para que estos últimos actúen, si entienden que corresponde, en el ámbito de sus competencias.
Por esa razón, personalmente nunca entendí el motivo de su creación. Me pregunto, porqué, si sus decisiones no tienen efecto vinculante, y los organismos que asesora, sí tienen competencias para actuar en forma obligatoria por sí mismos, a santo de qué inventar este insólito organismo!!!Salvo que hubiera detrás de esto, la idea de favorecer la colocación de los amigos políticos que siempre están esperando el “golpe del balde”, o montar un andamiaje para actuar con criterios de política menor, tratando de mostrar ante la ciudadanía preocupaciones éticas y una voluntad de contralor inexistentes.
Hace unos días, leo una opinión que afirmó que la JUTEP, era, en verdad, un “comité de base”. Pese a la dureza de la afirmación, razoné, y llegué a la conclusión de que no puedo entender, que la oposición al gobierno, hubiera votado la creación de semejante órgano, ya que siendo un organismo descentralizado, de acuerdo al art. 5º de la ley de su creación, los tres miembros de su Directorio, serán designados por el Presidente de la República, actuando con el Consejo de Ministros, con venia de la Cámara de Senadores otorgada siempre por tres quintos de votos del total de componentes, entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral. De las actas surge que todos los senadores de la oposición votaron a favor de la creación de la JUTEP.
Entonces pienso; ¿a nadie de la oposición se le ocurrió que el organismo que se creaba, podía ser utilizado por el oficialismo con fines políticos? Lo que, al parecer sería lo que está ocurriendo. ¿Nadie cuestionó que sus resoluciones carecían de valor jurídico obligatorio, y que, en definitiva, eran una simple expresión de deseo? ¿Era razonable dar vida jurídica a un servicio descentralizado que tiene un costo importante, y que, por lo indicado, no se justifica? En verdad, me causa sorpresa, pero fundamentalmente, decepción. La oposición estuvo omisa en analizar las verdaderas intenciones del oficialismo. Por eso lo del título: la ley No. 19.340 debe ser derogada.