Las imágenes que llegan desde Europa en estos días llaman la atención. Calles colmadas, miles de personas manifestándose y expresando sus reclamos, pero también incendios, comercios destruidos, vehículos quemados, edificios públicos dañados y enfrentamientos con la policía.
No pretendo desde estas líneas juzgar las razones de esas movilizaciones. Sería demasiado fácil hacerlo a miles de kilómetros de distancia y sin vivir la realidad cotidiana de quienes hoy reclaman. Seguramente habrá razones atendibles, otras discutibles y posiciones diferentes, como ocurre en cualquier sociedad democrática. Pero hay algo que debería estar por encima de esa discusión, protestar es un derecho, la violencia y la destrucción no.
La democracia necesita ciudadanos que participen, que opinen, que reclamen y que sean capaces de expresar públicamente su desacuerdo. Una sociedad donde nadie protesta no necesariamente es una sociedad conforme, muchas veces puede ser una sociedad que dejó de creer que vale la pena hacerse escuchar. Por eso el derecho a manifestarse debe ser defendido. Pero precisamente porque es un derecho tan importante, también debemos ser capaces de diferenciarlo claramente de la violencia y el vandalismo.
Romper la vidriera de un comerciante que trabajó durante años para construir su negocio no fortalece ninguna causa. Incendiar un automóvil no convence a quien piensa diferente. Destruir un edificio público tampoco perjudica solamente a un gobierno, perjudica a toda la sociedad, que después deberá reconstruirlo con los recursos de todos.
Miles de personas pueden marchar pacíficamente defendiendo una idea y alcanza con que unos pocos comiencen a destruir para que, al día siguiente, ya casi nadie hable del reclamo. Las cámaras dejan de mostrar las pancartas y empiezan a mostrar el fuego. El mensaje queda tapado por el humo. Eso es precisamente lo que deberíamos evitar.
Uruguay tiene una larga tradición de movilización social, sindical, estudiantil y política. Hemos aprendido a convivir con el desacuerdo. Marchamos, paramos, discutimos, juntamos firmas, hacemos actos y expresamos nuestras diferencias. No siempre estamos de acuerdo, pero hemos construido una democracia donde existen mecanismos para canalizar esas diferencias.
Tampoco deberíamos caer en otro error, confundir a todos los manifestantes con quienes generan violencia. Sería injusto. En las propias movilizaciones europeas de estos días, enormes cantidades de personas se expresaron pacíficamente mientras grupos mucho más pequeños protagonizaron los episodios de vandalismo. Diferenciarlos también es una forma de defender el derecho a protestar.
Porque cuando aceptamos que violencia y manifestación son parte de lo mismo, terminamos debilitando una herramienta fundamental de cualquier democracia. La convivencia exige límites. No límites para pensar, opinar o reclamar. Límites para impedir que el ejercicio de un derecho termine vulnerando los derechos de los demás.
Podemos discutir las causas. Podemos compartirlas o rechazarlas. Podemos reclamar cambios y exigir respuestas. Pero hay una frontera que deberíamos cuidar entre todos. Porque una causa no se vuelve más justa porque se grite más fuerte. Mucho menos porque se destruya en su nombre. Protestar es un derecho. Destruir nunca puede ser la forma de ejercerlo.