¡Basta de inseguridad ya!

Dr. Fulvio Gutiérrez
El Estado uruguayo, democrático y republicano, tiene cinco funciones que son esenciales a su existencia. Es decir, el Estado debe cumplirlas directamente sí o sí, porque están dentro de su esencia como Estado, y, por ende, no puede delegarlas en ninguna otra organización fuera del él. En consecuencia, no puede existirun Estado que no cumpla con dichas funciones. Ellas son: la Seguridad Interna, la Defensa Nacional, las Relaciones Exteriores, la Organización Tributaria, y la Justicia. Las encuestas realizadas recientemente, referidas a cuáles la mayor preocupación de los uruguayos dieron como resultado, claro y contundente, que es la inseguridad pública. 
Es decir, los habitantes de nuestro país, entienden que no viven en un ambiente de seguridad nacional. En consecuencia, el gobierno debe buscar una solución a esta carencia. ¡Pero seguridad ya! Y aquí es donde el actual gobierno no tiene respuesta. Hace nueve meses que el Frente Amplio está en el gobierno, y no solo no tiene medidas claras a este respecto, sino que lo ha confesado. El ministro del Interior, Dr. Carlos Negro, ha manifestado que está preparando un plan en ese sentido, que estará terminado para el año 2026, y que recién será financiado en el año 2027.
Cualquier ser pensante se puede preguntar: ¿y mientras tanto qué? La afirmación del ministro es totalmente irresponsable y deja en evidencia una terrible realidad: el gobierno actual asumió su tarea sin un plan para combatir la inseguridad. Tema que, por supuesto, debe ser consultado con todos los partidos políticos.
Ante tal situación, el Partido Nacional ha anunciado que ha preparado treinta y cinco medidas, para enviarlas al gobierno, como una forma de colaborar en la implementación del tan manido plan. La intención es buena. Pero como respuesta, el gobierno dio a conocer un plan para combatir la inseguridad pública, que tiene más opciones que las propuestas del Partido Nacional. Me preocupa estas propuestas por dos razones: por el número de opciones y propuestas, y porque no se hayan hecho prioridades para organizar y estructurar su aplicación. La experiencia enseña que quien propone mucho, después no cumple nada, o en el mejor de los casos, solo cumple con un mínimo de lo propuesto que resulta insuficiente.
En base a eso, y sin descartar que lo primero de lo primero es construir nuevas cárceles, me voy a referir a tres soluciones que estimo son importantes y deberían estar presentes en cualquier plan para combatir la inseguridad. Ellas son: la prisión perpetua revisable; el allanamiento nocturno; y la inclusión en el Código Penal, de la pena de expulsión del país y su consiguiente deportación al país de origen, de los extranjeros que cometan delitos dolosos.
La prisión perpetua revisable es una pena grave que implica el cumplimiento íntegro de la pena de privación de libertad durante un periodo de tiempo inicial de 25 años. Una vez cumplida esa parte de la condena, el reo podrá solicitar la revisión de su pena, a cuyos efectos el tribunal actuante deberá tener en cuenta la recuperación demostrada por el delincuente y las exigencias que la reglamentación correspondiente exija en cada caso. En 2019, el Dr. Jorge Larrañaga tuvo la iniciativa de plantear la inclusión en nuestra legislación penal de este tipo de pena. No tuvo éxito. 
En cuanto al allanamiento nocturno, es un tema que también fue propuesto en el año 2019 por el Dr. Jorge Larrañaga dentro de lo que llamó el proyecto “Vivir sin miedo”, y que supuso, y supone, una reforma de la Constitución, que fuera rechazada por la ciudadanía. Estimo que ahora, el tiempo transcurrido y la realidad del incremento de los delitos vinculados al narcotráfico, ameritan la reiteración de un nuevo intento de reforma constitucional. Dicha reforma supone modificar la redacción del art 11 de la Constitución, cuyo texto deberá decir: “El hogar es un sagrado inviolable. Nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su morador, o por orden expresa y fundada de juez competente, dictada por escrito en los casos y formas establecidas por la ley”. Es decir, se propone la inclusión como instrumento jurídico, del allanamiento de los hogares en horas de la noche lo que, hasta ahora, no está habilitado.
Y la tercera medida que estimo se debe incluir en nuestra legislación, se refiere a la creación de un delito de expulsión del país y su consiguiente deportación al país de origen, de los extranjeros que cometan delitos de carácter doloso, es decir con intención de delinquir, o delitos graves que se determinarán. Nuestro país, dentro de su concepción de defender la libertad como dogma, permite a inmigración en su más amplia acepción, siempre que se cumplan requisitos personales que las leyes de inmigración establecen para cada inmigrante. Pero se han dado casos, en que algún inmigrante ha cometido delitos, lo que, por sentido común, ha traicionado la confianza que las autoridades uruguayas le han dado. En tales casos, y si esa actitud delictiva es dolosa (intencional), esa persona será expulsada del país. Esta propuesta, deberá ser analizada en profundidad y redactada con la precisión técnica que corresponda, actualizándose la legislación vigente, sobre todo, la Ley No. 18.250, que es el marco legal de extranjería y migración en Uruguay.