Calles destruidas y egos intactos: cuando la soberbia frena soluciones para Salto

Por Pablo Vela
Ya no se discute si las calles están mal. Ni si quiera la discusión real pasa por entender cómo se llegó a este punto: la desidia y la incompetencia de los últimos 15 años dejaron nuestro sistema vial destrozado; lo intrigante es entender porque se siguen descartando herramientas que podrían acelerar soluciones para miles de vecinos tanto en la ciudad como en el interior del departamento.
Recorrer Salto hoy implica convivir con pozos, calles destruidas, balastro intransitable después de cada lluvia y avenidas deterioradas que hace años esperan una recuperación seria. El problema dejó de ser únicamente urbano. En el interior, productores, trabajadores y familias enteras sufren caminos rurales en condiciones preocupantes, afectando la conectividad y hasta el acceso a servicios básicos.
Lo más llamativo es que, en medio de esta realidad, se haya dejado de lado una propuesta concreta que integraba el plan de gobierno de Marcelo Malaquina: la declaración de Emergencia Vial. Una iniciativa que no apuntaba solamente a generar impacto político, sino a habilitar mecanismos administrativos y financieros más ágiles para enfrentar un problema evidente y urgente. La ha dejado de lado el intendente Albisu y sus asesores De Brum y Coutinho, sin sumar una idea que supliera o debatiera con la primera nombrada.
Porque la diferencia entre una gestión ordinaria y una emergencia declarada no es menor. La emergencia vial permitiría acelerar la llegada de recursos, priorizar inversiones, simplificar determinados procesos y actuar con mayor rapidez en la reparación de calles y caminos. Exactamente lo que la situación actual reclama.
Sin embargo, parecería que algunos prefieren defender la burocracia antes que aceptar herramientas que podrían mejorar la respuesta del gobierno departamental. Y allí aparece un problema tan político como humano: la soberbia.
La soberbia es mala consejera. Muchas veces lleva a rechazar ideas no porque sean malas, sino porque vienen del adversario político (que fue socio fundamental para “llegar”). Y cuando eso ocurre, quienes terminan pagando el costo son los vecinos. Porque el pozo no distingue partidos, la calle rota no pregunta a quién votó cada ciudadano y el deterioro afecta por igual a comerciantes, trabajadores y familias.
Negarse siquiera a considerar la emergencia vial transmite una señal equivocada en un momento donde la población exige soluciones y no excusas. La ciudadanía espera menos discursos defensivos y más capacidad de reconocer problemas para actuar en consecuencia.
La gestión pública también requiere humildad. Humildad para escuchar, para corregir y para entender que, cuando una ciudad enfrenta un deterioro tan visible, toda propuesta seria merece al menos ser analizada sin prejuicios políticos.
Salto necesita planificación, inversión y rapidez. Pero también necesita dirigentes capaces de poner el interés general por encima de las diferencias partidarias, por encima de la voracidad personal. Porque mientras se discute quién tiene razón, las calles siguen rompiéndose y los vecinos siguen esperando.