En un hecho que ha encendido las alarmas en el ámbito político y social, el diputado Horacio de Brum expuso la preocupante inoperancia del Estado uruguayo para garantizar un derecho básico consagrado por ley. A través de un detallado pedido de informes, el legislador dejó al descubierto que, tras cinco años de la aprobación y reglamentación de la normativa que asegura el transporte gratuito para personas con discapacidad, las autoridades competentes admiten no tener la capacidad ni la estructura para implementarlo.
RESPUESTAS ALARMANTES
El pedido de informes impulsado por el Dr. Horacio de Brum arrojó luz sobre un entramado burocrático que mantiene paralizado el beneficio. Según la información oficial brindada por el Ministerio de Salud Pública, el Estado reconoce abiertamente que ni siquiera existe la dependencia que teóricamente debería encargarse de tramitar este beneficio. A esta carencia se suma la total ausencia de oficinas habilitadas para recibir a los usuarios, la falta absoluta de emisión de los carnés necesarios para viajar de forma gratuita y la incapacidad de la secretaría de Estado para determinar cuántos beneficiarios reales existen en el país. El dato más desconcertante que recibió el legislador es que las propias autoridades admitieron desconocer por completo en qué fecha el sistema podría estar finalmente operativo para el público.
DERECHOS SOLO EN EL PAPEL
Para el diputado De Brum, la gravedad de la situación trasciende el mero desorden burocrático y se convierte en una vulneración directa a la calidad de vida de las personas con discapacidad. El legislador enfatizó que la existencia de leyes y decretos vigentes resulta inútil si el propio Estado confiesa que carece de las herramientas necesarias para hacerlos efectivos en la práctica diaria. El representante nacional recordó que detrás de cada expediente y de cada trámite inexistente se encuentran personas reales con necesidades cotidianas urgentes.
