La gestión del patrimonio marítimo uruguayo ha entrado en una fase de intenso escrutinio parlamentario. El diputado salteño, Horacio de Brum, sacudió la agenda ambiental esta jornada al formalizar un exhaustivo pedido de informes ante el Ministerio de Ambiente, cuestionando las garantías reales detrás de las autorizaciones otorgadas para realizar prospecciones sísmicas en una superficie que supera los 59.000 kilómetros cuadrados de nuestra plataforma marítima. La iniciativa surge ante la operativa de cuatro empresas internacionales en aguas jurisdiccionales, un despliegue que, según el legislador, carece de la claridad científica necesaria para asegurar la preservación del ecosistema.
UN CUESTIONARIO DE 29 PUNTOS
El documento presentado por De Brum no es una mera consulta de rutina; se trata de una batería de 29 preguntas clave que buscan exponer las posibles vulnerabilidades en el proceso de control estatal. El diputado pone el foco en la protección de la biodiversidad y la sostenibilidad de la industria pesquera nacional.
PUNTOS MÁS CRÍTICOS DEL RECLAMO
-Independencia científica: ¿Qué estudios se utilizaron para evaluar el impacto acústico en cetáceos (ballenas y delfines) y otras especies marinas? Se exige saber si estos datos provienen de fuentes ajenas a las empresas interesadas.
-Efecto acumulativo: El legislador cuestiona si el Ministerio ha evaluado el impacto total de tener múltiples proyectos operando de manera simultánea, algo que podría potenciar el daño ambiental.
-Fiscalización y monitoreo: La presencia de observadores independientes y la implementación de protocolos de monitoreo rigurosos están bajo la lupa.
-Transparencia pública: De Brum solicita que todos los informes de impacto y reportes de monitoreo sean de libre acceso para la ciudadanía.
EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN
Uno de los argumentos más sólidos del diputado radica en la aplicación del principio de precaución, un estándar internacional que sugiere que, ante la falta de certeza científica absoluta sobre un daño grave, el Estado debe optar por la protección del recurso. De Brum recordó que la Institución Nacional de Derechos Humanos ya ha señalado la importancia de este principio, y cuestionó frontalmente la coherencia del gobierno:
«¿Cómo se compatibiliza la exploración de hidrocarburos con los compromisos climáticos internacionales asumidos por Uruguay?», sentenció en sus canales oficiales.
UN RIESGO PARA LA PESCA Y EL PRESTIGIO INTERNACIONAL
Para el representante de Salto, no solo está en juego el equilibrio biológico, sino también la economía de los recursos pesqueros y las zonas críticas de reproducción. El legislador enfatizó que la reputación ambiental del país depende de que estos procesos se realicen con un respaldo científico incuestionable y total transparencia. La respuesta del Ministerio de Ambiente será determinante para definir si Uruguay mantiene su perfil de «país natural» o si, por el contrario, las garantías ambientales han quedado en un segundo plano frente a los intereses de la exploración energética.
