Por Carlos Arredondo
El edil de la Coalición Republicana, Dr. Julio Flores, presentó una iniciativa para que los vehículos incautados en procedimientos vinculados al narcotráfico puedan ser destinados con mayor rapidez a organismos públicos que trabajan en la prevención, asistencia y rehabilitación de personas con consumo problemático de drogas, evitando que permanezcan durante años en depósitos mientras se deterioran.
BIENES DECOMISADOS
Flores explicó que la propuesta surge al observar la cantidad de automóviles, camionetas y otros vehículos que permanecen durante largos períodos en depósitos judiciales o dependencias policiales sin prestar utilidad. La iniciativa plantea que esas unidades puedan incorporarse a organismos que desarrollan tareas de prevención, promoción de la salud y seguimiento de personas con problemas de adicciones, especialmente equipos de la Red de Atención Primaria (RAP) y otras instituciones públicas vinculadas a esta problemática.
MENOS BUROCRACIA
El edil entiende que uno de los principales obstáculos radica en la demora de los trámites administrativos y judiciales, por lo que propone agilizar los mecanismos para que los vehículos puedan cumplir una función social antes de deteriorarse. En ese sentido, señaló que la Junta Nacional de Drogas podría desempeñar un papel central en la coordinación de estas acciones junto a otros organismos del Estado. Flores aclaró que no plantea una entrega definitiva de los vehículos, sino una cesión supervisada, con controles y auditorías que permitan verificar el destino y la utilización de cada unidad.
ASIGNACIÓN CON PROYECTOS
La propuesta también prevé que las instituciones interesadas presenten proyectos concretos explicando el uso que darán a los vehículos y los objetivos que persiguen. Además, propone realizar un seguimiento periódico para garantizar la transparencia y asegurar que los bienes sean utilizados exclusivamente para los fines previstos. Aunque la idea nació pensando en organismos que trabajan directamente en el abordaje de las adicciones, Flores consideró que también podría beneficiar a otras instituciones públicas con fines sociales, siempre bajo mecanismos de control.
