El ministro debe ser cesado

Por Dr. Fulvio Gutiérrez
Los gobiernos se conocen por sus acciones, por lo que planifican, por lo que resuelven en el día a día, y, sobre todo, por el grado de cumplimiento de sus promesas de campaña. Y en verdad, desde todos estos puntos de vista, la actuación del actual gobierno que preside Orsi, deja mucho que desear. Es más, se está generalizando la idea que este gobierno, es uno de los peores que ha tenido nuestro país. 
Y esto ha surgido casi en reiteración real, por el resultado de las encuestas que realizan las empresas que, en esta materia, analizan la opinión de la gente. De toda la gente, y no solamente de los ciudadanos, porque a nadie se le pregunta si es ciudadano o no. Es que, en verdad, la realidad pura y dura de todos los días, está creando la idea de que el gobierno se está retirando de su primera obligación cual es la de dirigir al país. 
Y el país está ante un gravísimo peligro, cuando se ha constatado, un día sí y otro también, que el poder de los sindicatos es quien manda en el puerto de Montevideo. Es quien decide cuando se trabaja y cuando no, y como consecuencia de ello, es quien decide que barco puede atracar y que barco puede salir del puerto, creándose una inseguridad de la actividad comercial que afecta seriamente el desarrollo de nuestro país. esto lleva varios meses, y no se ve un horizonte cercano de que esta situación se revierta y se vuelva a la normalidad. 
Para colmo de males, el papel que está cumpliendo el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Juan Castillo, es totalmente deficitario. Aferrado a una política que busca el entendimiento entre las partes en conflicto, cosa que está bien, ha tolerado hasta el hartazgo, la proliferación de “mesas de diálogo”, que es el procedimiento que los sindicatos han tomado como forma de discutir sus reclamos. Pero si esas mesas de diálogo se toman como un sistema de alargar y alargar la búsqueda de una solución real y efectiva, buscando siempre evitar un acuerdo con argumentos harto repetidos y ya rechazados, entonces se transforman en un abuso de derecho. 
Y el derecho está para usarlo, pero no para abusar de él. Es más, el propio derecho, consiente de situaciones como la que ocurren en el puerto, ha establecido la posibilidad de que el gobierno use instrumentos jurídicos extraordinarios que se han establecido, precisamente, para reencausar la situación. En mi columna del pasado domingo, hice algunas reflexiones sobre este tema, en el sentido que, de acuerdo a nuestras disposiciones constitucionales y legales, el derecho de huelga tiene limitaciones y que las normas legales que se refieren a la actividad del puerto de Montevideo, han establecido que las actividades que allí se realizan, tienen la calidad actividades “esenciales” para el Estado. Precisamente el art.1º de la Ley No. 15.246 (Ley del Puerto), dispone: “La prestación de servicios portuarios eficientes y competitivos constituye un objetivo prioritario para el desarrollo del país. 
Los servicios portuarios se prestarán en los puertos comerciales de la República durante las veinticuatro horas del día y durante todos los días del año, si la respectiva demanda así lo requiere.” Por lo tanto, si los hechos lo justifican, cabe sin duda alguna declarar la actividad laboral del puerto como esencial, con las siguientes consecuencias: la obligación de los trabajadores de retomar a sus funciones mediante turnos de emergencia, la ilegalidad automática de las medidas de fuerza que interrumpan dichos servicios, la imposición de sanciones administrativas y funcionales, incluyendo el despido, y la contratación de personal alternativo.
Esto es muy claro, y nadie puede negar la legalidad de estas medidas. Pero el Ministro Castillo, cuya ideología comunista le impide apoyar una decisión de esta naturaleza, argumenta que los sectores de la oposición y la derecha, lo que piden es que se proceda a gobernar por decreto, con medidas prontas de seguridad. Está claro que su ceguera ideológica le impide ver lo que todos ven, inclusive el Secretario de Presidencia Alejandro Sánchez. Solo la ignorancia jurídica puede llevarlo a afirmar tal barbaridad. Debería leer la Constitución (art. 168 Nral. 17), o pedir asesoría jurídica, para darse cuenta que declarar esencial una actividad laboral que lo es por naturaleza y disposición legal, no tiene nada que ver con la toma de medidas prontas de seguridad. 
La gravedad de las consecuencias del accionar del Ministro, indica que debería ser cesado en su cargo, aunque en verdad, no creo que el Presidente Orsi, se anime a tomar tal decisión.