Como consecuencia de la decisión del Partido Nacional, de sancionar a uno de sus ediles de la Junta Departamental de Montevideo, el Sr. Gonzalo Gómez, por descubrirse irregularidades en cuanto a la designación de uno de sus asesores, que no concurría a cumplir su tarea e igual percibía una especie de “sueldo” mensual, se comenzó a discutir una vez más, si los ediles deben percibir un sueldo como retribución a su cargo.
El tema ha sido estudiado y discutido por decenas de años, y en verdad, a mi juicio, merece un doble análisis. Que al presente no tienen derecho a percibir sueldo de clase alguna, está muy claro, porque el art 295 de la Constitución lo dice claramente: “Los cargos de miembros de Juntas Departamentales y de Juntas Locales, serán honorarios”. Aclaro que las Juntas Locales no existen más, porque fueron sustituidas por las actuales autoridades locales, que son los Municipios, de acuerdo a la Ley No, 18,567, de 13/9/2009 y sus leyes modificativas. Quedó vigente, referido a las Juntas Departamentales, cuyos miembros son los ediles, y con referencia específica a ellos, quedó vigente que sus cargos son honorarios, decisión esta, que viene de nuestra primera constitución codificada, que fue la de 1830.
En cuanto a que esta disposición es injusta, estoy de acuerdo, por la sencilla razón que cualquier persona que tenga un cargo electivo, necesariamente debe tener una retribución económica. Se podrá entender como razonable que, allá por los años 1830, y en base a un concepto honorífico, el cargo no fuera retribuido. Pero pasados los años que pasaron, mantener esa norma constitucional, es absurdo, y va contra el principio de igualdad. Obviamente que la norma favorece a aquellas personas que tienen una situación económica desahogada, que le permite ejercer el cargo de edil sin problemas, y perjudica a aquellas personas que deben trabajar a diario en una actividad rentada, y, por ende, no tienen el tiempo necesario para el ejercicio del cargo de edil. Pero, la Constitución es muy clara, y no admite discusión alguna; el cargo de edil, es honorario. Tan claro, que impide utilizar el mecanismo de la ley interpretativa que prevé la propia Constitución.
Claro, la injusticia de la norma citada, choca con la realidad cruda y dura, y eso ha llevado a la búsqueda de algún mecanismo que califico de “seudo” jurídico (por lo dicho, con la actual norma constitucional, no hay solución jurídica) para retribuir de alguna forma el cargo de edil. En ese sentido, surgió la idea de darle algunos beneficios a los ediles como la exoneración de tributos departamentales, pago en dinero para la contratación de secretarios y asesores, gastos en el uso de celulares, gastos de combustibles, pasajes, y gastos de representación. Todo dentro de un desorden total, porque, en definitiva, cada Junta Departamental fue inventado mecanismos diversos, que se orientaban a la creación de una retribución económica disimulada, con montos distintos, y denominaciones mentirosas.
Lo que el Tribunal de Cuentas ha aceptado como legítimos, es cuando los reintegros responden en forma efectiva y comprobable a gastos de alimentación, alojamiento, o traslados indispensables para el ejercicio de cargo como edil, pero siempre que todo esté estrictamente respaldado por boletas o facturas. Es decir, cuando se trata claramente de viáticos.
Por otra parte, no debemos olvidar que ya hubo un rechazo popular a permitir la creación de un sueldo a los ediles en la llamada “minireforma” de 1994, cundo la derogación del art. 295 fue rechazada por el 70% de los electores. Pero ahora, a raíz del “Caso Gómez”, el Tribunal de Cuentas pretende controlar si las personas contratadas, efectivamente prestan un servicio público, o si los fondos terminan desviándose a actividades político-partidarias, que es, precisamente, lo que se denomina “sueldo encubierto” de los ediles. Cuidado, porque si así se prueba, puede motivar una denuncia penal.