En principio, una buena iniciativa

Dr. Fulvio Gutiérrez
El Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento, un proyecto de ley al que denominó “Proyecto de Ley de Competitividad e Innovación”, (también denominado proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida), señalando que es una amplia iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas, para desburocratizar el Estado, simplificar trámites comerciales, bajar precios y promover el desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas (Mipymes) en Uruguay. Sus objetivos fundamentales, se resumen así: 
-A) Agilizar los trámites frente al Estado mediante el uso de declaraciones juradas, estableciendo plazos máximos para la respuesta, y si el Estado no responde, es porque acepta lo requerido por el peticionaste.  
-B) Realiza una profunda reforma del Código Aduanero, facilitando los trámites vinculados al comercio exterior. 
-C) Propone fortalecer la Comisión de Promoción y Defensa del Comercio, obligando a los comerciantes, a exhibir el precio de los productos que ofrece a los consumidores. 
-D) Propone una graduación tributaria para las Mipymes, facilitando su gestión y, por tanto, su crecimiento. 
-E) Crea medidas de promoción de la investigación clínica, extensión de la vigencia de registros sanitarios y técnicos, y establece incentivos tributarios para los usuarios de parques industriales. Para llegar a los objetivos mencionados, el gobierno hizo un razonamiento lógico. Hay que crear más empleos, para ello se requiere más inversión, eso hace necesaria la reducción de los precios, y como complemento de ello, hay que reducir la burocracia. Todo eso disminuirá el costo de vida, así como los costos operativos. Todo parece, en principio, muy lógico y razonable
El proyecto tiene 240 artículos, y su análisis no es fácil para quienes no están vinculados con la temática que pretende modificar, o no tienen alguna práctica con los diversos procedimientos que se reforman. Además de los organismos que se crean para concretar las reformas, hay una extensa cita de las leyes que se derogan o se reforman en parte, agregándose la nueva redacción que se propone del articulado correspondiente. Sin temor a equivocarme, me atrevo a señalar que para los legisladores que no conocen estos temas, o no están debidamente vinculados a ellos, va a ser difícil el análisis a fondo del proyecto de ley, porque supone una permanente comparación entre las normas existentes hasta ahora, y las reformas que se proyectan, que en general tienen características especiales por tratarse de temas técnicos,
Referirse al establecimiento de un sistema Nacional de Competitividad con la finalidad de lograr un desarrollo económico productivo e innovador, con sustentabilidad, equidad social y equilibrio ambiental y territorial, parece impresionante. No obstante, me parece que ello exige una explicación sobre una terminología tan general que puede interpretarse de varias maneras. La experiencia enseña que eso es una mala técnica legislativa, y que puede llevar al fracaso de lo que se pretende obtener. En los términos que expresa el gobierno, el proyecto de ley se pretende transformar en un arma poderosa contra un cáncer que atacó desde siempre a los gobiernos; la burocracia. Bien entendida, la burocracia es un sistema de organización diseñado para gestionar y administrar asuntos públicos o privados de manera racional. En criollo, es una organización administrativa, que debe estar jerarquizada, con divisiones de responsabilidad, y reglada por un conjunto de normas formales. Lo malo, es que, en la práctica, todos los partidos políticos –reitero, todos-  han usado este procedimiento como forma de llevar a cabo un exagerado clientelismo político, con un ingreso obsceno de correligionarios para ocupar una cantidad de cargos que la concreción práctica de la iniciativa propuesta supone. Entonces yo pregunto; ¿Quién garantiza que ahora no ocurra lo mismo?
Pero aparte de eso, creo que, siguiendo con el latiguillo de la izquierda, la iniciativa es “tardía e insuficiente”. Tardía, porque ya pasó más de un año y medio de la asunción del actual gobierno, y recién ahora se plantea. La importancia de la misma, lleva a pensar que debió plantearse al inicio del período de gobierno, porque es obvio que la aprobación definitiva de este proyecto de ley, va a demandar mucho tiempo. Insuficiente, porque el ámbito jurídico de aplicación del proyecto, deja afuera otros ámbitos del Estado, que requieren una clara reducción de la exagerada burocracia en la cual actualmente funcionan. Por algo el Ministro Oddone dijo que consideraba al proyecto de ley sobre Competitividad y Reducción del Costo de Vida, como "buque insignia" y “una importante reforma del Estado". Entonces digo yo, ¿por qué antes no se llamó a todos los partidos políticos a participar de la iniciativa? Tal vez se habrían agregado otros organismos del Estado, que piden a gritos una desburocratización.