Por José Luis Toriani
La Asociación Civil Reencuentro, fundada hace poco más de un año en el departamento de Salto, continúa desarrollando una agenda de acciones orientadas a la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y sus familias. Su presidente, Luis Mendieta, señaló que uno de los principales objetivos de la organización es lograr el efectivo cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 14.470, que garantiza el derecho de los reclusos a recibir visitas de familiares y amigos.
REHABILITACIÓN EFECTIVA
En diálogo con CAMBIO, Mendieta sostuvo que la asociación busca ir más allá del cumplimiento de la normativa vigente y trabajar en la rehabilitación efectiva de quienes cumplen condena. «En Uruguay no existe la condena perpetua. Quien hoy está privado de libertad, tarde o temprano volverá a integrarse a la sociedad. Nuestro trabajo apunta a que ese regreso sea con mejores oportunidades y herramientas para evitar la reincidencia».
OPORTUNIDADES LBORALES
La organización entiende que el fortalecimiento de los vínculos familiares constituye un aspecto fundamental del proceso de reinserción social. A ello suma la promoción de proyectos laborales destinados a quienes recuperan la libertad. La asociación presentó iniciativas de empleo ante la Intendencia de Salto con el objetivo de generar oportunidades laborales para ex privados de libertad. Sin embargo, afirmó que hasta el momento no ha obtenido respuestas por parte de las autoridades. «Presentamos los proyectos en papel hace aproximadamente dos meses. Desde entonces no hemos recibido respuesta.
AUMENTO DE LA INSEGURIDAD
Mendieta vinculó la necesidad de fortalecer las políticas de reinserción con el incremento de hechos delictivos registrados en Salto durante los últimos meses. Como ejemplo mencionó recientes casos de homicidios y rapiñas ocurridos en distintos puntos de la ciudad, señalando que la realidad local comienza a reflejar problemáticas que anteriormente se asociaban principalmente a Montevideo. En ese contexto, sostuvo que la prevención del delito debe contemplar políticas de rehabilitación y generación de oportunidades laborales para quienes egresan del sistema penitenciario. «La Intendencia y los distintos organismos públicos deberían apostar a mejorar la sociedad trabajando en conjunto con las organizaciones civiles. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con todas las instituciones que quieran sumarse, pero sentimos que hoy recibimos indiferencia».
