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El seguro especial para la citricultura genera alivio pero “enciende alarmas”

El integrante del sindicato UTRAU, Juan Carlos Albano, confirmó la votación favorable del seguro especial por desempleo destinado a los trabajadores del sector citrícola. Sin embargo, la medida ingresó este año con una modificación sustancial impulsada por el Ministerio de Economía, reduciendo la cobertura de los habituales 120 jornales a tan solo 90 días. Esta herramienta de amparo, que se venía renovando de forma continua desde hace más de una década, representa un sostén paliativo pero insuficiente para los asalariados. Las autoridades sindicales remarcan que el monto percibido resulta sumamente acotado para sustentar a las familias durante los cuatro a seis meses en los que se paraliza la actividad.

EXPECTATIVA

Tras la votación, las autoridades de los ministerios de Trabajo y de Economía comparecieron ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para exponer los motivos del ajuste. Los representantes de los trabajadores se encuentran a la espera de acceder al acta oficial de dicha sesión con el objetivo de conocer en detalle las razones que fundamentaron la quita de los 30 jornales.

PREOCUPACIÓN

El aspecto más crítico vertido por la dirigencia de UTRAU radica en la advertencia de que esta sería la última oportunidad en que se concederá el seguro de desempleo especial. La eventual eliminación del beneficio a partir de las próximas temporadas deja en una situación de extrema incertidumbre y vulnerabilidad a las familias citrícolas. Frente a esta perspectiva, el gremio asume como tarea prioritaria la búsqueda de una solución definitiva que contemple la realidad de un sector que registra uno de los índices de desocupación más altos del país.

DEBATE QUE TRASCIENDE AL SECTOR

La discusión sobre las asistencias laborales especiales atraviesa un momento complejo que excede la labor parlamentaria. El reclamo que históricamente caracterizó a ramas como el citrus o la caña de azúcar hoy se ha extendido a la industria frigorífica y a otras áreas de la economía que solicitan equidad en el trato y en la asignación de mecanismos de protección social.