Una profunda controversia mantiene en pie de guerra a un grupo de familias radicadas en la calle Rambla Ceibal, en la zona del asentamiento La Amarilla. Los residentes se encuentran en una dura disputa legal y social con el Gobierno de Salto, rechazando categóricamente los argumentos oficiales que buscan justificar su reubicación. Según denuncian, las autoridades locales intentan desalojarlos bajo “premisas falsas”, asegurando que habitan una zona de riesgo, cuando en realidad la comunidad se ha consolidado legalmente durante la última década.
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Catherine Salvi, una de las principales portavoces de los vecinos afectados, rompió el silencio para aclarar la situación que viven día a día y desmentir las declaraciones emitidas desde la Intendencia. La residente fue tajante al señalar que los argumentos presentados por las autoridades carecen de fundamentos técnicos y territoriales, acusando al gobierno departamental de un desconocimiento total de la geografía del barrio. De acuerdo con el testimonio de Salvi, el Ejecutivo departamental intentó en primera instancia justificar el traslado alegando que las viviendas se encontraban construidas sobre un caño maestro de infraestructura pública. Los vecinos aseguran que la zona cuenta con toda la infraestructura necesaria para una vida digna y que todo se encuentra debidamente regularizado. Salvi explicó que disponen de saneamiento, agua potable y energía eléctrica con contadores legales.
