La inseguridad no desaparece porque el gobierno deje de nombrarla

Por Pablo Vela
Hay una vieja costumbre en la política: creer que los problemas disminuyen cuando se habla menos de ellos. Como si la realidad dependiera de los discursos y no de los hechos. Como si el narcotráfico no estuviera más presente porque dejó de ser tapa o la inseguridad mejorara porque algunos prefieren relativizarla.
Sin embargo, la vida cotidiana de los uruguayos sigue empeñada en desmentir esa teoría.
Mientras el gobierno nacional parece concentrado en administrar el relato, los ciudadanos continúan administrando el miedo. El miedo a la rapiña, al ajuste de cuentas, a la violencia creciente en determinados barrios o zonas del país y a la expansión silenciosa de organizaciones criminales que hace tiempo dejaron de ser un fenómeno marginal.
Lo más preocupante no es solamente la ausencia de resultados visibles. Lo más preocupante es la sensación de que existe una resistencia a reconocer la magnitud del problema.
Porque para enfrentar una realidad primero hay que admitirla y sobre todo si existen ofrecimientos de ayuda, aceptarlas, analizarlas al menos.
El narcotráfico ya no es únicamente un asunto policial. Es un fenómeno social, económico y territorial que condiciona la vida de miles de familias. Reclutas jóvenes, controla zonas, financia delitos y genera una violencia que termina alcanzando a víctimas que nada tienen que ver con esos enfrentamientos infames entre bandas.
Negar esa realidad o minimizarla no la hace desaparecer. Por el contrario, la fortalece.
Cada vez que un jerarca intenta explicar porque los indicadores no son tan graves como parecen, cada vez que se busca una justificación estadística para evitar una autocrítica o cada vez que se responde con argumentos políticos a una preocupación ciudadana, se profundiza la distancia entre el gobierno y la gente.
La ciudadanía no espera milagros. Sabe que el narcotráfico no se derrota en pocos meses y que la inseguridad es uno de los desafíos más complejos que enfrenta cualquier administración. Lo que sí espera es liderazgo, honestidad intelectual y una estrategia clara.
Gobernar implica asumir responsabilidades incluso cuando las noticias son malas. Gobernar implica asumir costos políticos, no ser tibios. Porque el primer deber de un gobierno no es proteger su imagen; es proteger a sus ciudadanos.
Uruguay atraviesa una etapa en la que la seguridad pública exige decisiones firmes, coordinación institucional y una visión de largo plazo. Pero también exige algo más simple: la capacidad de reconocer que el problema existe.
Porque la inseguridad no desaparece cuando deja de mencionarse en una conferencia de prensa.
El narcotráfico no se debilita porque se evite hablar de su avance.
Y los uruguayos no se sienten más seguros porque desde el poder les diga que la situación no es tan grave.
Porque cuando eso ocurre, las explicaciones suelen llegar demasiado tarde.