El legislador salteño Horacio de Brum encendió el debate sobre la gestión de la economía pública al elevar un exhaustivo pedido de informes formal ante el Ministerio de Economía y Finanzas. La iniciativa legislativa busca fiscalizar la disponibilidad real de los 750 millones de dólares en líneas de crédito contingentes que el Gobierno anunció con bombos y platillos el pasado 11 de agosto para atender emergencias climáticas y desastres naturales a través del Banco Interamericano de Desarrollo y CAF. La preocupación central del diputado radica en la brecha existente entre los anuncios públicos de asignación presupuestal y la liquidez operativa inmediata de dichos recursos. de Brum enfatizó que la sola cifra declarada no garantiza el auxilio ante imprevistos graves ni especifica los costos que implica para las arcas del Estado mantener la disponibilidad de estos préstamos.
DISPONIBILIDAD REAL Y COSTOS OCULTOS
Dentro del cuestionario de 15 puntos cursado formalmente a través de la Presidencia de la Cámara de Representantes, de Brum indaga de forma minuciosa sobre la distribución anual comprometida, la cual contemplaría 300 millones de dólares para 2026 y 450 millones para 2027. El representante busca precisar qué montos se encuentran efectivamente contratados y expeditos para su desembolso inmediato, diferenciándolos de los meramente aprobados o condicionados. Asimismo, el reclamo pone la lupa sobre el costo financiero implícito de estas operaciones institucionales. El parlamentario requirió al Poder Ejecutivo el detalle de las comisiones por compromiso, disponibilidad, estructuración y administración abonadas por la República desde marzo de 2025, de modo de transparentar el peso que estas líneas de crédito no giradas representan para los contribuyentes.
DUDAS SOBRE EL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS
Uno de los aspectos más sensibles planteados en la fiscalización atañe al uso que se le puede dar al dinero. de Brum requiere ratificar si las partidas están blindadas exclusivamente para asistir a los productores y familias afectadas por inundaciones, sequías o temporales en áreas departamentales, o si los contratos permiten derivar esos fondos para aliviar la liquidez general del Estado o cubrir deuda pública. El diputado subraya que cuando los fenómenos climáticos azotan los campos y hogares uruguayos, la ciudadanía precisa certezas técnicas absolutas en lugar de metas presupuestales ambiguas. La fiscalización impulsada exige además la entrega en formato digital de los contratos vigentes con los organismos multilaterales, sus anexos y las rendiciones de cuentas sujetas a la intervención del Tribunal de Cuentas, asegurando un control integral del patrimonio público.