No al Ministerio de Justicia

Por Dr. Fulvio Gutiérrez
El presidente Orsi, en su comparecencia ante la Asamblea General con motivo de presentar el informe “sobre el estado de la República y las mejoras y reformas que considere dignas de su atención”, (art. 168 Na.5º de la Constitución de la República), anunció que en los próximos días enviará al Parlamento un proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia. Se confirma así un rumor que viene de largo tiempo, y que no cuenta con la aprobación de la oposición, ni con el asentimiento de algunos dirigentes frentistas como Lucía Topolansky y el senador Daniel Caggiani.
Se ha dicho que hay varios países que tienen un Ministerio de Justicia (Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Cuba, Argelia, Estados Unidos, España, Francia, Italia y Japón), aunque no se especifica cuál es su competencia en cada caso, ni si hay normas en las constituciones de esos países, que eventualmente puedan permitir la creación de esos ministerios.
En el caso de Uruguay, por razones jurídicas, esos antecedentes no son de recibo. Aunque en este momento no se conoce cuál sería la competencia del ministerio proyectado (cuyo nombre seria Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), no puede caber duda alguna, que la función jurisdiccional en el Uruguay, en su fondo y en su forma, solo puede estar a cargo del Poder Judicial. Además de que la justicia Administrativa está a cargo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la justicia electoral está a cargo de la Corte Electoral, la justicia militar para delitos militares o estado de guerra, a cargo de órganos jurisdiccionales militares, y el caso especial del juicio político a cargo del Poder Legislativo. Y eso porque está previsto en la propia Constitución. Una ley, no puede cambiar eso.
Véase que el art. 239 de la Constitución de la República, describe la competencia de la Suprema Corte de Justicia, y en ella incluye “ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva, y económica sobre los Tribunales, Juzgados y demás dependencia del Poder Judicial”; “formular los proyectos de presupuesto del Poder Judicial o sus modificaciones, con aprobación del Senado o de la Comisión Permanente”; nombrar a los ciudadanos que han de integrar los Tribunales de Apelaciones, a los Jueces Letrados, Defensores de Oficio y Jueces de Paz, y nombrar a los funcionarios del  Poder Judicial.  Modificar estas normas, supone obviamente, reformar la Constitución, y por su consecuencia, una ley que vaya contra estas disposiciones, será inconstitucional. Si, además, precisamos que el término “superintendencia”, comprende funciones de inspección, vigilancia y control que la Suprema Corte de Justicia, tiene sobre todas las dependencias del Poder Judicial, resulta abiertamente contrario a nuestra Carta Magna, que se pretenda siquiera trasladar esas competencias a un ministerio, que es un órgano del Poder Ejecutivo. Se violaría sin duda alguna, el principio de separación de poderes, tan caro a nuestro Estado de Derecho.
Está claro que, al margen de estas razones jurídica, detrás de la iniciativa, hay razones políticas que la izquierda quiere imponer. En verdad, es una manifestación más, de la “guerra” interna que hay en el Frente Amplio, entre el MPP por un lado, y el Partido Comunista por el otro. Sabido es que el Partido Comunista, quiere poner a toda costa como cabeza de ese ministerio, al actual Prosecretario de la Presidencia Dr. Jorge Díaz, que es quien “asesora” al presidente Orsi, aunque ya es notorio que, en realidad, lo induce a tomar decisiones a mi juicio erradas, como ocurre con los errores y horrores en el caso Cardama.
Dicho esto, sin olvidar, que la creación de un ministerio, requiere la mayoría absoluta de los componentes de cada Cámara, y el gobierno no tiene mayoría en la Cámara de Representantes, por lo cual, hoy por hoy, parece claro que la ley que crearía el Ministerio de Justicia, no será aprobada. Es cierto que, en un Parlamento, las mayorías pueden cambiar, negociaciones y acuerdos mediante. Sería lamentable que eso ocurriera, porque entonces se violaría nuestra Constitución, y eso ya sería una afrenta a nuestro Estado de Derecho, que nadie, en su sano juicio, puede tolerar.