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Domingo 28 de Junio, 2026 78 vistas

Salto se movilizó en una multitudinaria marcha para exigir “movilidad inclusiva”

Tal como se encontraba planificado en la agenda civil, la ciudad de Salto se convirtió en el epicentro de una firme manifestación pública con la realización de la Bici Marcha Inclusiva. El evento tuvo como propósito fundamental visibilizar y poner en el centro de la discusión pública la extrema vulnerabilidad que afrontan diariamente diversos usuarios de la vía pública. En un contexto donde la convivencia vial representa un desafío constante, la jornada combinó la participación activa, el reclamo formal y la profunda convicción de que el transporte seguro constituye una necesidad impostergable para toda la comunidad.
RECLAMO FORMAL
El punto álgido de la convocatoria se consolidó mediante la lectura de una proclama oficializada por los organizadores. Lejos de limitarse a un acto meramente testimonial, el documento final será derivado de forma inmediata a los máximos estamentos de la gobernanza institucional del país. Entre los destinatarios institucionales se encuentran el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental, el Parlamento Uruguayo, la Junta Departamental de Salto, el Congreso Nacional de Intendentes y la Unidad Nacional de Seguridad Vial. El objetivo de esta remisión masiva es comprometer formalmente a los tomadores de decisiones en el desarrollo de políticas públicas de fondo. Los colectivos organizadores enfatizaron que el camino trazado no se detiene con esta movilización. 
COMPROMISO CIVIL
La estructura organizativa del evento estuvo respaldada por el trabajo coordinado de la sociedad civil, nucleada a través de las agrupaciones Ulosev Salto, Ulosev Malvasio y la Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito. Los voceros de estas organizaciones manifestaron que la inspiración fundamental detrás de este esfuerzo voluntario y honorario es la protección irrestricta de la vida humana. Para estos colectivos, transitar de forma segura por las calles no debe interpretarse bajo ninguna circunstancia como un privilegio sectorial, sino como un derecho humano fundamental que debe garantizarse a cada ciudadano sin distinciones ni exclusiones de ningún tipo.