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Domingo 11 de Abril, 2021 43 vistas

¿Un camping compañero?

Dr. Fulvio Gutiérrez
El fanatismo ideológico hace creer al fanático que siempre tiene razón, que sus ideas son la única verdad, y que todos los demás están equivocados. El fanático se cree superior a todos. A sus seguidores, para quienes en algunos casos es algo así como un guía ideológico que siempre hay que respetar. A quienes no piensan como él, porque él es el poseedor de la verdad y el único intérprete correcto de la realidad que lo rodea mirada desde la ideología que profesa. Entonces, basado en una superioridad auto asignada, asume un rol que le quita límites a su accionar, y desprendido de ellos, habla de más. Entonces comete errores como el que cometió el Presidente del PIT CNT Fernando Pereira cuando aseguró que la Intendencia de Rocha le había “quitado” a la central que preside, un conjunto de cabañas que administraban en la playa La Aguada, y que esa decisión del actual Intendente, está basada en razones ideológicas. Realmente la que estuvo basada en dicha razones fue la del anterior Intendente, que favoreció a sus compañeros ideológicos mediante el otorgamiento de un contrato ilegítimo y lesivo para los intereses del pueblo rochense al que representaba y debió defender.
¡Para qué habló Pereira! El actual Intendente de Rocha se hizo un festín y algunos legisladores destaparon la olla. Nadie conocía el contrato que –según Pereira- existía entre la Intendencia de Rocha y el PIT CNT con referencia a la explotación de las citadas cabañas. Su arrogante e infantil actitud, fue la chispa que encendió la mecha de un asunto que explotó rápidamente, y que permitió que tomaran estado público una serie de mentiras que Pereira pretendía imponer como ciertas ante la opinión pública.
Jamás existió un contrato de concesión para la explotación de cabañas en esa playa entre el PIT CNT y la Intendencia de Rocha, porque el PIT CNT no tiene personería jurídica y por lo tanto no puede firmar convenio de clase alguna. Para decirlo pronto y bien, la central jurídicamente, no existe.
La verdad era muy diferente a como Pereira pretendía contarla. Quien sí contó la real verdad fue el Tribunal de Cuentas. Esa verdad dice que el contrato sobre la explotación de cabañas en la playa La Aguada, fue entre la Intendencia de Rocha que dirigía el Intendente frentista Aníbal Pereyra, y el Instituto Cuesta Duarte, que sí tiene personería jurídica. ¿Qué tiene que ver el PIT CNT en todo esto? El Instituto Cuesta Duarte, que se autocalifica de “Instituto de Investigación y formación sindical del PIT CNT”, es el testaferro que utiliza el PIT CNT para que lo “represente” en estos acuerdos en que la central, por sí, no puede aparecer, porque jurídicamente no existe. Los representantes de dicho Instituto que firmaron el contrato con la Intendencia de Rocha, fueron Marcelo Pablo Abdala (Secretario General del PIT CNT) y Gabriel Molina, Presidente del sindicato de Antel, y la nota del PIT CNT compareciendo en estos trámites fue firmada por Fernando Pereira, que es el Presidente del PIT CNT. ¡Un combo perfecto! ¡Vaya casualidad!
El contrato había vencido en noviembre de 2020 y no fue renovado. Fue observado por el Tribunal de Cuentas porque el Instituto Cuesta Duarte jamás compareció en las negociaciones y solo aparece cuando se documenta el contrato. Pero hay más. El contrato es ilegal porque dentro de los cometidos del Instituto Cuesta Duarte –que es una asociación civil- no está ninguna actividad comercial, como es la explotación de un complejo turístico con las cabañas de playa La Aguada, sin perjuicio de otros errores de procedimiento en la adjudicación de la concesión, que violaron normas específicas del TOCAF, referidas a la forma que deben tener los contratos con el Estado.
En verdad, una negociación viciada de nulidad por ilegal, creada sin la seriedad que se debe cuidar en las actividades contractuales del Estado, que aparecieron a la luz pública por la incontinencia verbal de un fanático ideológico. Tal vez alguien piense que es otro ejemplo de corrupción en el gobierno anterior. Razones no le faltarían. Tal vez la Fiscalía debería actuar de oficio.