Reunidos en Asamblea Nacional, 30 agentes de todas las Diócesis del país, en representación de más de 150 voluntarios que integran la Pastoral Penitenciaria, se reafirmó el compromiso con la misión que “el evangelio les confía” de acompañar a las personas privadas de libertad, a sus familias y a toda la comunidad penitenciaria, siendo “signo de la dignidad, la justicia y la esperanza que nacen de Cristo”. En la declaración, los integrantes de la asamblea valoran y agradecen la entrega de quienes, en cada rincón del país, “sostienen con fidelidad la presencia de la Iglesia en 21 centros penitenciarios y 5 centros de INISA, acompañando realidades de dolor y exclusión con cercanía, escucha y fe”.
RECONOCIMIENTO
La Asamblea se abrió con palabras de reconocimiento y gratitud al Padre Javier Galdona por su significativa contribución al fortalecimiento y consolidación de la Pastoral Penitenciaria, así como por su principal protagonismo en el proceso de elaboración y aprobación del “Protocolo de la vida y atención religiosa en las cárceles”. El protocolo reglamentó el ejercicio del derecho a la libertad religiosa de las Personas Privadas de Libertad. “Dicho protocolo fue el resultado de una construcción colectiva en la que participaron el Estado y diversas expresiones religiosas, en una demostración de espíritu ecuménico y de laicidad bien entendida”, sostienen.
DERECHOS HUMANOS
“Reafirmamos que cada persona es más que sus errores y delitos: es hija de Dios, portadora de dignidad inviolable y llamada a una vida plena. Denunciamos toda forma de hacinamiento, violencia y falta de oportunidades que vulneran esa dignidad, y exigimos políticas públicas que prioricen los derechos humanos en el sistema penitenciario”, reza la declaración. “Reconocemos la importancia de la formación continua de nuestros agentes pastorales, para fortalecer la escucha, la capacidad de abrir espacios de encuentro y de anuncio de la Palabra (o de Evangelización) en contextos difíciles. Manifestamos con firmeza que la cárcel no puede ser la única respuesta frente al delito”.
MEDIDAS ALTERNATIVAS
“Como Iglesia, creemos en la dignidad de cada persona y en su capacidad de transformación. Por eso llamamos a ampliar y fortalecer la implementación de medidas alternativas a la prisión -como el trabajo comunitario, programas de rehabilitación, acompañamiento socioeducativo y procesos de justicia restaurativa- que contribuyen a reducir el hacinamiento, a reparar los vínculos sociales y a ofrecer verdaderas oportunidades de reinserción”, expresa el documento. “Nos comprometemos a apoyar y animar todas aquellas iniciativas que, desde el Estado y la sociedad civil, promuevan caminos más humanos, justos y esperanzadores. Renovamos nuestra disposición a trabajar junto a las familias, las comunidades, las instituciones educativas, las organizaciones sociales y las autoridades estatales, convencidos de que sólo un esfuerzo conjunto puede transformar la realidad penitenciaria.
