La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se prepara para elegir a su próximo Director General en un momento decisivo. Fundada en 1919 sobre la convicción de que no hay paz duradera sin justicia social, la institución enfrenta el desafío de seguir siendo relevante en un mundo laboral profundamente distinto del que conocieron sus fundadores.
Su singularidad reside en una estructura tripartita que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores. Ese diálogo permitió impulsar avances históricos, desde la jornada de ocho horas hasta la libertad sindical y la igualdad salarial. Pero hoy cabe preguntarse si ese modelo representa suficientemente a quienes trabajan fuera del empleo formal o buscan trabajo sin encontrarlo.
En muchos países (usualmente agrupados en algunas regiones) la suma de trabajadores no registrados y desocupados supera largamente a la de los empleados formales. Esta realidad exige incorporar la representación formal del trabajo autónomo como desocupados y sector informal.
Cuando el número de trabajadores sin registro ni empleo aumenta, los salarios formales se precarizan, diluyendo la incidencia real del organismo. La OIT reconoce los entornos laborales cambiantes, las nuevas modalidades de trabajo, la dinámica de la sociedad, que los trabajadores constantemente están enfrentando nuevos peligros junto con los que además ya existían, diseñando una Estrategia Global en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Acción (2024-2030) mediante la cual busca establecer directrices para afrontar los peligros emergentes adicionales a los tradicionales.
Los fenómenos que influyen decisivamente son la inteligencia artificial, la automatización y las plataformas digitales, los que modifican tareas, horarios y formas de contratación. El cambio climático introduce riesgos ambientales, mientras el teletrabajo y los esquemas híbridos obligan a replantear la prevención y los límites entre la vida personal y laboral. Los riesgos psicosociales y la salud mental también reclaman atención.
No se trata de elegir entre innovación y protección. El verdadero desafío es asegurar que el progreso tecnológico y la transición ecológica no trasladen sus costos a quienes tienen menor capacidad de adaptación. Para ello se necesitan políticas de formación, prevención y protección social que acompañen los cambios.
La decisión tendrá importancia más allá de los nombres. La OIT deberá demostrar que su experiencia centenaria puede convertirse en respuestas para trabajadores de plataformas, personas desempleadas, autónomos y quienes permanecen en la informalidad. También deberá hacerlo en un escenario internacional fragmentado, donde construir acuerdos resulta cada vez más difícil.
Su misión fundacional conserva vigencia. Lo que necesita renovarse es la manera de que se hace efectiva.