La seguridad no admite relatos

Por el Dr. Carlos Silva
Durante cinco años escuchamos que el problema era la estrategia. Que Uruguay necesitaba otro enfoque, otra mirada y otra forma de combatir el delito. Se cuestionó la Ley de Urgente Consideración, el respaldo a la Policía y buena parte de las herramientas impulsadas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. La promesa era clara: con un gobierno del Frente Amplio, la seguridad sería mejor.
Hoy, transcurrido más de un año de la nueva administración, llegó el momento de dejar de evaluar los discursos y comenzar a evaluar los resultados. Porque la seguridad pública no es un tema para relatos ni para consignas de campaña. Es, probablemente, la responsabilidad más importante que tiene un Estado, garantizar que sus ciudadanos puedan vivir en paz.
Las encuestas siguen mostrando que la inseguridad continúa siendo la principal preocupación de los uruguayos. No es una percepción creada por la oposición ni una construcción mediática. Es la realidad que viven miles de familias que sienten incertidumbre cuando un hijo vuelve de noche, cuando un comerciante cierra su negocio o cuando un productor rural teme ser víctima del delito
Quienes hoy gobiernan fueron muy exigentes cuando estaban en la oposición. Cuestionaron permanentemente la política de seguridad de la Coalición Republicana, sostuvieron que el camino era equivocado y aseguraron que existían alternativas mejores. Esa exigencia era legítima. Pero gobernar implica aceptar que los mismos parámetros con los que se juzgó al gobierno anterior serán utilizados ahora para evaluar la gestión actual. Y es allí donde los datos empiezan a hablar.
Al finalizar el período encabezado por Luis Lacalle Pou, Uruguay mostraba una reducción importante en varios de los principales indicadores delictivos respecto al inicio de aquella administración. Las rapiñas habían descendido de forma significativa, los hurtos también registraban una caída sostenida y el abigeato, un delito que golpea especialmente al interior productivo, había alcanzado una reducción histórica cercana al sesenta por ciento. Incluso los homicidios, el indicador más sensible de todos, cerraban el período por debajo de los niveles registrados al comienzo.
Nadie afirmaba entonces que el problema estuviera resuelto. La delincuencia seguía siendo un enorme desafío. Pero existía una tendencia que demostraba que determinadas políticas estaban dando resultados y que el camino elegido comenzaba a mostrar efectos positivos.
Los datos más recientes vuelven a encender una señal de alerta. El primer semestre de este año registró un aumento de los homicidios respecto al mismo período del año anterior. Cada homicidio representa mucho más que una estadística. Es una familia quebrada, una comunidad golpeada y un Estado que no logró cumplir con su obligación esencial de proteger la vida de sus ciudadanos. Ninguna explicación política puede relativizar esa realidad.
La seguridad exige liderazgo, firmeza y continuidad. Exige respaldar a quienes diariamente arriesgan su vida para proteger a los demás. Exige inteligencia, prevención, investigación y decisiones firmes frente al crimen organizado. 
En democracia es saludable debatir ideas. Es legítimo discrepar sobre modelos económicos, políticas sociales o prioridades presupuestales. Pero hay un límite que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar, que la seguridad quede atrapada entre relatos, justificaciones o discusiones ideológicas mientras la violencia sigue cobrando víctimas.
Los uruguayos no necesitan que el Gobierno les explique por qué ocurren los delitos, necesitan un Gobierno deje el relato de lado y que se haga cargo.