Los riesgos de la chacra

Por Dr. Fulvio Gutiérrez
El pasado 18 de julio, a las tres de la mañana, va a quedar en el recuerdo de muchos salteños, la imagen de una especie de apocalipsis. Un sorpresivo viento de 130 km. por hora, destruyó casas de la zona urbana y suburbana de la ciudad, y una extensa franja de la zona rural, al este de la ciudad, afectando seriamente a cientos de invernáculos, donde crecía una producción hortícola, que era el producto del trabajo de los productores y base para la mantención de sus familias. En un rato, toda la producción plantada con enorme sacrificio por esa gente durante meses, desapareció. Y con eso, muchas esperanzas, muchos anhelos, y muchos proyectos para mejorar su vida. 
Para algunos, no era la primea vez que vivían una experiencia similar en carne propia. Pero esta vez, fue demasiado. Pasado el primer impacto, los chacareros salteños, ya curtidos por una tarea que conocen desde muy jóvenes, sabían lo que tenían que hacer. Tranquilizar a la familia, compartir su problema con los vecinos que sufrían similares daños, y alertar al gobierno que debía poner en práctica la normativa que establece previsiones para este tipo de problemas. Porque la chacra, supone riesgos, ya que depende de la naturaleza, y ésta es impredecible.
El gobierno respondió en forma inmediata, y a las pocas horas, estaba en Salto una delegación con la presencia del Presidente de la República y el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. La idea era realizar un relevamiento in situ de lo ocurrido, con la colaboración de los productores afectados. Después, declarar formalmente la emergencia, y entonces, proceder a aplicar las previsiones legales y reglamentarias que constituyen una especie de protocolo, cuando ocurren este tipo de siniestros. 
El Decreto No. 352/012, de fecha 31/10/012, prevé en ese sentido, la creación de un Fondo de Fomento de la Granja, para indemnizar o financiar los efectos de emergencias granjeras no cubiertas por los sistemas de seguros vigentes. Para ello, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, deberá declarar la emergencia granjera, delimitando el período, los rubros, el área afectada y definir pautas técnicas. Deberá también establecer las bases a seguir para calcular el monto de los daños y perjuicios, así como establecer las características de los beneficiarios, el tipo de apoyo a brindar, y la forma de reembolso, si correspondiera. La emergencia se declaró rápidamente.
La normativa parece adecuada a la situación planteada, pero la experiencia indica, que, en ocasiones anteriores, estos cálculos no han sido realizados con la agilidad necesaria, sin perjuicio que se ha constatado en algún caso, que el monto de los fondos disponibles no ha sido suficiente. Me señalaban algunos productores, que la agilidad requerida, es absolutamente necesaria, porque atendiendo a la época del año, ya se está proyectando la plantación de los cultivos de primavera, para lo cual, resulta indispensable contar con los invernáculos reconstruidos. Eso supone gastos (nailon, maderas, estructuras, etc.), que deben ser adquiridos lo antes posible. Es decir, el protocolo a seguir existe y está previsto, pero la realidad ha cambiado, lo cual sugiere, obviamente que ese protocolo debe ser actualizado a la actual realidad, con cambios climáticos. tan destructores como imprevisibles. Me interesé en conocer la razón por la cual  habría pocos productores que tienen seguros, para los que el Ministerio aporta el 70% de su costo. Se me contestó que la razón de eso, es que los seguros mencionados son solo para pequeños productores que tienen a lo sumo dos invernáculos, y que ese tipo de productores ya no quedan, porque en esas condiciones la producción no es rentable. Actualmente, la enorme mayoría sobrepasa esa cantidad de invernáculos, y en esos casos no cuentan con la ayuda ministerial mencionada. Si esto es así, el gobierno deberá revisar rápidamente el sistema de seguros agropecuarios.
En definitiva, el procedimiento para cubrir los daños provocados por la tormenta, está en marcha. UTE señaló que los daños en la red eléctrica ascienden a U$S4.000.000, y de eso el ente se hace cargo. Resta entonces agilizar la tramitación burocrática que supone determinar el resto de los daños, para lo cual descuento, que los legisladores que representan a Salto en el Parlamento, y los grupos de productores organizados, colaboraran con la Intendencia de Salto, en la invalorable tarea que está realizando desde el mismo momento que se produjo el siniestro natural. Como pregunta adicional, ¿el Ministerio de Ambiente, donde está?