¿Lumpen: es el delincuente o los políticos y justicia que los libera?

Por Pablo Perna
En los últimos días se viralizó un video que indigna y da rabia, una mujer de 82 años caminaba tranquilamente para ingresar a su casa en Malvín Norte, Montevideo, cuando fue abordada por un sujeto de 33 años. Sin el menor reparo ni piedad, la tiró al suelo y la arrastró por la vereda para sacarle la cartera, generándole diversas fracturas en el rostro y golpes múltiples. El hecho quedo grabado y se difundió por las redes y todos los medios de comunicación. La escena es verdaderamente salvaje e indignante. La policía actuó rápido y lo detuvo. ¿El perfil del agresor?: siete antecedentes penales a sus espaldas por hurtos y rapiña. 
Al ver ese video, no pude evitar que la memoria me llevara de golpe a un dolor familiar guardado. A mi suegra le pasó exactamente lo mismo, la abordaron en la calle, la tiraron, la arrastraron y la robaron. A partir de esa caída y del trauma físico y emocional de la agresión, su salud se desmoronó sin ella quererlo. Se le desencadenó un cáncer, internaciones, costos médicos, y al poco tiempo, terminó muriendo. Nadie me puede sacar de la cabeza la relación de causa y efecto. La delincuencia no solo te saca dinero, sino que a los adultos mayores les roba los últimos años de vida, la paz y, en muchos casos, la existencia misma. ¿Quién mide ese costo humano? ¿Quién se hace cargo de la salud destruida de una víctima?
Es ahí donde aparece la gran pregunta que da título a esta columna: ¿quién representa realmente la degradación y el lumpen en esta historia?, ¿es solo el delincuente marginal que vive de rapiñar al prójimo, o también lo es un sistema judicial y político atrofiado que le abre la puerta una y otra vez a sujetos de alta peligrosidad? Cuando un tipo con siete delitos sobre sus hombros está libre en la calle listo para destrozarle la vida a una persona, el problema ya no es solo del criminal. El criminal actúa bajo la lógica de la impunidad que el propio Estado le regala. El verdadero fallo moral está en las instituciones que priorizan teorías de resocialización fantasiosas inexistente que a la víctima. 
Hoy vemos con asombro cómo desde el gobierno del Frente Amplio se promueven programas que garantizan al liberando una partida económica mensual en dinero, boletos de ómnibus gratuitos, teléfonos celulares e inserción prioritaria, están tirando agua al mar. Aquí hay una crueldad institucional, mientras el joven trabajador o el estudiante, sin antecedentes, se rompen el lomo para salir adelante no reciben un solo peso ni una sola facilidad del Estado. La escala de valores está totalmente dada vuelta.
Cuando fui candidato a diputado propuse una consigna clara y contundente: “Mano Dura y Plomo” contra la delincuencia, que significaba mayor seguridad, penas de cárcel efectivas, neutralización total del delincuente y respaldo irrestricto a las fuerzas del orden. En aquel momento me criticaron con dureza, me dijeron de todo, pero sin embargo, el tiempo terminó dándome la razón. Pasaron los años y apareció Nayib Bukele en El Salvador demostrando que cuando un Estado decide encerrar a los delincuentes, apartarlos de la sociedad y priorizar a las víctimas, los índices de criminalidad se desploman y la gente recupera las calles.
Hoy estoy más convencido que nunca de que no estaba equivocado. Primero está la gente que no comete delitos, los que trabajan, los que estudian, los jubilados y las víctimas. Si después de garantizar su seguridad y su desarrollo quedan recursos, recién ahí se podrá debatir qué hacer con el resto. Mientras tanto, las personas que acumulan antecedentes deben ser neutralizadas y recluidas por mucho tiempo, por lo que se deberían construirse todas las cárceles que sean necesarias. 
En el Uruguay la primera obligación no debería ser subsidiar al delincuente, sino asegurar a nuestros padres y a nuestros hijos que puedan caminar por la calle sin miedo a no volver o terminar internados o muriendo como consecuencias de un lumpen; ¿pero al fin del día, quién es el lumpen?