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Murió la democracia brasileña

Lo ocurrido en Brasil, el domingo en que se celebró la segunda vuelta de las elecciones nacionales, en la que compitieron Flavio Bolsonaro y Luis Inácio Lula da Silva, me convencieron que la tan comentada democracia brasileña, es una gran mentira. Y hago esta afirmación, fuera de toda consideración sobre la política interna de ese país, que en verdad no conozco a fondo, sino basado en la falta de una serie de elementos esenciales que forman parte del Estado de Derecho.

En los estados democráticos, como nuestro Uruguay, hay cinco funciones que son esenciales y que son: la función constitucional, la función ejecutiva, la función legislativa, la función jurisdiccional y la función electoral. Cada una de ellas, tiene sus competencias propias, los órganos que regulan su funcionamiento, los procedimientos que necesariamente se deben cumplir para que cada una de ellas exprese su voluntad con carácter obligatorio, y las garantías que respaldan toda su organización.

Normas todas que están establecidas en la Constitución de la República, y en leyes que la reglamentan y que, necesariamente, son exclusivas y privativas de cada una. En el caso de las referidas elecciones brasileñas, todo eso fue impunemente violado.

Vean ustedes. En Brasil, existe un Supremo Tribunal Federal (artículos 118 a 121 de la Constitución de Brasil de 1988), que es la máxima autoridad en el cumplimiento de la función jurisdiccional, y que, salvando las diferencias por tratarse Brasil de un estado federal y de Uruguay, un estado unitario, vendría a ser lo que para nosotros es la Suprema Corte de Justicia. También existe, un Supremo Tribunal Electoral, con competencia privativa y exclusiva en toda la materia electoral, y que, en el caso nuestro, sería la Corte Electoral.

¿Qué pasó en las últimas elecciones de Brasil? Cuando a la hora 17, en que debían cerrarse las mesas receptoras de votos, vino una orden del Supremo Tribunal Federal, estableciendo que se debía detener el conteo de los votos, que ya había comenzado, y que la votación se prolongaba por dos horas más, es decir hasta las 19 horas. La orden provino del juez Cristiano Zanin, miembro del Supremo Tribunal Federal y abogado personal de Lula cuando este fue condenado por corrupción por varios tribunales a finales de la década de 2010. Es decir, la orden no provino del Supremo Tribunal Federal, que no tenía competencia para hacerlo, sino de unos de sus integrantes, que obviamente tampoco podía hacerlo.

Esta insólita situación me lleva a afirmar que, en Brasil, se ha configurado una especie de dictadura judicial, en la medida que miembros de órganos jerárquicos del poder judicial, extralimitándose en sus facultades jurídicas, tomaron decisiones fuera de sus competencias, configurándose entonces, un quebrantamiento del sagrado principio democrático de la separación de poderes.

Pero ahí no terminó el ataque a la democracia brasileña. Finalizado el recuento de los votos que le “dio” el triunfo a Lula, otro miembro del Supremo Tribunal Federal, el juez, Alexandre de Moraes, casi en forma inmediata, ordenó a las fuerzas de seguridad, también sin facultades para hacerlo, que procedieran a incautar los pasaportes de Flávio Bolsonaro. Esto no se concretó porque Flávio Bolsonaro y su familia, ya habían viajado a Estados Unidos.

Se podría mencionar algunas otras circunstancias vinculadas a estos hechos, pero entonces estaría excediéndome en el análisis jurídico que me motivó esta columna.

Lo que realmente ocurrió en las pasadas elecciones de segunda vuelta en Brasil, fue una voluntaria violación de las normas de fondo y de forma en una elección nacional, normas cuyo estricto cumplimiento, es absolutamente básico y necesario para que rija el Estado de Derecho, y como consecuencia, se tiró por la borda, el sistema democrático brasileño. No sé qué va a pasar de aquí en más en Brasil. Pero recordando una frase de Shakespeare, “algo huele mal en Dinamarca”, que es una metáfora que predice que hay sospechas de corrupción, engaño, desorden o que algo oscuro e irregular está pasando.