Por Andrés Torterola.
En las últimas horas, el director departamental del MIDES, Jorge Vaz Tourem, se refirió a la creciente desocupación, a la expansión de la pobreza y a la inseguridad laboral que atraviesa el departamento. Según información recibida por CAMBIO los primeros días del mes de marzo se estarán reuniendo varias instituciones en el Centro Comercial e Industrial de Salto y este escenario representa un serio obstáculo para abordar la problemática de la informalidad, un fenómeno que afecta a diversos sectores productivos y que se ha profundizado en los últimos años.
En una entrevista realizada por CAMBIO en abril del 2024 al integrante del Sindicato de Panaderos y Afines de Salto, Sergio Pintos, había señalado que en el departamento funcionaban alrededor de 800 panaderías, pero únicamente la mitad se encontraba bajo la fiscalización de la Intendencia. En aquella oportunidad, Pintos advirtió que una gran cantidad de establecimientos operaba de manera clandestina, sin cumplir con las normativas básicas de habilitación e higiene.
LA REALIDAD ACTUAL
El diagnóstico presentado entonces revelaba que aproximadamente el 80% de las panaderías del departamento se encontraban en situación de clandestinidad, ilegalidad o informalidad. Estas cifras surgieron de una investigación elaborada por varias instituciones, cuyos resultados fueron presentados por la Universidad Católica del Uruguay, aportando una visión integral del problema y sus implicancias sanitarias, laborales y económicas.
A la luz de la realidad actual, es posible que la situación se haya agravado. El aumento del desempleo y la precarización laboral han propiciado la proliferación de emprendimientos sin controles adecuados. En numerosos almacenes y supermercados de barrio se observa la venta de productos alimenticios que carecen de la rotulación correspondiente, lo que dificulta conocer su procedencia y, sobre todo, identificar al responsable de su elaboración. Esta falta de trazabilidad no solo representa un riesgo para la salud pública, sino que también evidencia la expansión de la economía informal en el sector alimentario.
EL TRABAJO, PRIORIDAD
La reunión interinstitucional prevista buscará justamente enfrentar estas problemáticas, estableciendo medidas que permitan ordenar el mercado, proteger a los consumidores y generar condiciones laborales más dignas para quienes trabajan en este rubro. Sin embargo, el contexto social y económico actual plantea un desafío significativo para la implementación de políticas efectivas que permitan revertir esta tendencia.
Todas las miradas apuntan al organismo responsable de fiscalizar el buen estado de los alimentos que consume la ciudadanía, la Intendencia de Salto. Sin embargo, también recae responsabilidad sobre el Gobierno Nacional, que en sus bases programáticas incluyó en el punto número 4 el compromiso denominado “El Trabajo, una Prioridad”. Allí se plantea la necesidad de avanzar en la reducción de la pobreza y la desigualdad en todas las dimensiones vinculadas a la distribución del ingreso y de la riqueza.
