Seguridad pública: Pensando “afuera de la caja”

Por el Dr. César Suárez
Los recursos que dispone un Estado siempre, en toda circunstancias, serán limitados, la demanda de necesidades son ilimitadas y siempre habrá una necesidad o un proyecto que no podrá ser cubierto y la realidad es que nos tenemos que manejar con lo que hay y siempre quedarán postergados necesidades en ocasiones imperiosas que no sólo marcan el presente sino que sobre todo, marcaran el futuro y la “ingeniería” de cómo distribuir esos recursos es una tarea compleja porque no sólo abarcan la necesidad de todos los ciudadanos ´por bienestar sino que además, incide la opinión colectiva diversa que suele inclinar la balanza hacia temas que incluyen la sensibilidad social.
Hay varios temas que están en el centro de las conversaciones diarias y el termómetro social va generando un ranking de acuerdo al momento que termina por incidir cuando toca, en la elección de las nuevas autoridades, porque las viejas autoridades jamás contaron ni contarán con recursos suficientes para dar cabida a todas las demandas sociales.
Un tema recurrente es la seguridad.
Estamos de acuerdo en que al delito hay que reprimirlo de acuerdo a lo que marcan las leyes, y la realidad muestra que la autoridades persiguen a los delincuente con éxito variable y la consecuencia es la encarcelación de los que han violado la ley lo que soluciona de momento parte de la demanda ciudadana, pero nos trae un segundo problema, cárceles atiborradas de condenados en condiciones deplorables que lejos están de educar a los detenidos para la reinserción social lo que lleva a la reincidencia en el entorno de 60% de los liberados.
Uruguay, según los censos, tiene una población estable desde hace décadas, pero lo que si aumenta son las personas encarceladas, 6.000 en 2005, 14.000, en 2025, 20 años después, un gran porcentaje vinculado al microtráfico de drogas que de algún modo justifican el aumento y que han hecho más mella en la población femenina que ha aumentado porcentualmente más que los hombres, (ahora el 8% del total) la mitad vinculadas al microtráfico de drogas.
De acuerdo a cálculos realizados, en Uruguay, mantener una persona encarceladas (y en condiciones deplorables), tiene un costo mensual de 1000 dólares lo que significa, 14 millones de dólares por mes o lo que es lo mismo, 168 millones de dólares por año.
Cada preso que es liberado sale a la mitad de la nada, sin chances laborales y como de algo tiene que vivir, vuelve a recurrir al delito y vuelve a caer preso a constarle 1000 dólares por mes de nuevo al Estado.
El delincuente, como cualquiera, suele tener familia, en la mayoría de los casos es el proveedor de recursos de su entorno, cuando cae preso, queda una familia afuera, que de algo tiene que vivir y esa familia, sigue la línea delictiva del que cayó preso, más delitos, más presos.
Es hora de dar vuelta la pisada, encontrar formas de inserción laborar para los liberados, y asistencia a las familias de los que están presos. Si no lo quieren hacer como un gesto solidario, háganlos para evitar que sigan llenando las cárceles e intentar de transformar parte de los que han delinquido en individuos útiles para la comunidad, produciendo en vez de gastar.
Es obvio que hay quienes tiene una matriz delictiva crónica que difícilmente cambien porque han nacido y criado en el delito y serán difíciles de rescatar porque forma parte de su filosofía de vida, pero hay otros que seguramente aprovecharán la oportunidad debidamente asistidos, aparte de asistir a las familias de los detenidos por delitos con por lo menos lo elemental debidamente supervisados, restará adeptos al “ejercito” de delincuentes que horadan la estabilidad de cualquier sistema.