Por Carlos Arredondo
El pasado jueves la Junta Departamental de Salto aprobó por unanimidad la derogación del decreto que habilitaba la incautación de vehículos como garantía de pago de multas, introduciendo cambios en los procedimientos de fiscalización que comenzarán a aplicarse en los próximos días. Desde la Intendencia, el director de Movilidad Urbana, Alberto Subí, explicó a CAMBIO que el nuevo criterio modifica sustancialmente la operativa en los controles, especialmente en situaciones donde el conductor queda inhabilitado.
CAMBIOS EN LA OPERATIVA
Según Subí, ante infracciones como espirometría positiva, falta de licencia o imposibilidad de conducir, el vehículo podrá ser retirado en el lugar por un acompañante habilitado. En caso de no contar con esa opción, los inspectores deberán esperar hasta 30 minutos para que otra persona en condiciones se presente a hacerse cargo del vehículo. Solo si ninguna de estas alternativas se concreta, se procederá a la incautación. Subí indicó que, en ese último caso, el vehículo será trasladado por la comuna, pero con una diferencia clave: el propietario podrá retirarlo posteriormente sin necesidad de abonar la multa en el momento, como ocurría hasta ahora. Aclaró además que, para este caso, los costos de traslado (grúa, etc.) correrán por cuenta del propietario del vehículo incautado.
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
El jerarca aclaró que la normativa aún no está vigente, ya que debe ser promulgada por el Ejecutivo departamental. Una vez firmada la resolución por el intendente, el nuevo sistema comenzará a regir y será comunicado al área de tránsito para su aplicación. Mientras tanto, los controles continúan realizándose bajo el decreto anterior, por lo que durante los próximos días todavía pueden registrarse incautaciones bajo el régimen vigente.
MARCO JURÍDICO Y ALCANCE
El cambio no implica una flexibilización de los controles ni de las sanciones, sino una modificación en la forma de actuación, manteniéndose vigentes las multas y las inhabilitaciones correspondientes. Desde la Intendencia se indicó que el objetivo es compatibilizar la tarea inspectiva con las garantías individuales, en un marco de mayor equilibrio entre fiscalización y derechos del ciudadano.
