Por Carlos Silva
En las últimas semanas, distintos hechos de violencia han vuelto a instalar una sensación que preocupa y duele, la de una sociedad cada vez más intolerante, más crispada y con menos límites claros. No se trata solo de los delitos graves que ocupan titulares, sino también de una violencia cotidiana, silenciosa y persistente, que se cuela en los gestos, en las palabras y en la forma en que nos relacionamos con los demás. Esa violencia que, de tanto repetirse, corre el riesgo de volverse normal.
La pérdida de límites es uno de los rasgos más preocupantes de este tiempo. Se confunde libertad con ausencia de reglas, derechos con caprichos, convivencia con imposición del más fuerte. Cuando las normas básicas se diluyen y el respeto deja de ser un valor compartido, el resultado no es una sociedad más justa ni más libre, sino un espacio donde crece el conflicto y se debilita el tejido social. Sin reglas claras no hay convivencia posible.
Los espacios públicos son hoy un verdadero termómetro de esa realidad. Plazas, calles, parques y barrios deberían ser lugares de encuentro, de disfrute y de integración. Sin embargo, cuando esos espacios se degradan, cuando se vuelven tierra de nadie, también se deteriora la convivencia. El desorden, la falta de cuidado y la ausencia de normas claras no solo afectan la estética urbana, afectan directamente la forma en que nos vinculamos como comunidad.
En Salto, recuperar y cuidar los espacios públicos se ha transformado en una decisión política clara. Este Gobierno Departamental asumió el compromiso de devolverle a la gente espacios de encuentro seguros, ordenados y pensados para la familia. La recuperación de plazas, la promoción de actividades culturales y recreativas, y la convocatoria permanente a eventos abiertos forman parte de una misma mirada. El reciente desfile de carnaval fue una muestra concreta de ese rumbo, familias en la calle, vecinos compartiendo, alegría y convivencia en un espacio público vivido con respeto. No fue solo una fiesta; fue una señal de que cuando el Estado está presente y organiza, la comunidad responde.
Defender el orden en los espacios públicos no es una postura autoritaria, como a veces se intenta presentar, sino profundamente democrática. El orden es lo que garantiza que todos puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Es lo que permite que una familia disfrute de una plaza, que un niño juegue con tranquilidad, que un adulto mayor camine sin miedo. El espacio público cuidado y respetado no es un privilegio: es un derecho colectivo que el Estado tiene la obligación de proteger.
En este contexto, el rol del Estado no admite ambigüedades. Un Estado que llega solo cuando el conflicto estalla llega tarde. Gobernar también es prevenir, ordenar, educar y marcar límites con claridad. Los gobiernos departamentales, por su cercanía con la gente y el territorio, tienen una responsabilidad especial en esta tarea: estar presentes, sostener reglas claras y no mirar para el costado cuando esas reglas se incumplen.
La violencia no se combate únicamente con medidas represivas ni con discursos grandilocuentes. Se combate reconstruyendo comunidad, fortaleciendo valores, cuidando lo que es de todos y entendiendo que convivir implica responsabilidades compartidas. Volver a convivir es un desafío colectivo, pero también una decisión política. En Salto, ese camino ya empezó a transitarse, convencidos de que una sociedad que cuida sus espacios, respeta las normas y se reconoce en el otro es una sociedad más fuerte, más justa y con futuro.
Miércoles 11 de Febrero, 2026 103 vistas