Por Carlos Silva
El proyecto de Presupuesto Nacional presentado por el Gobierno Nacional no es solo un compendio de números y proyecciones. Es, por encima de todo, una hoja de ruta que define prioridades, establece límites y deja en evidencia, casi sin quererlo, aquellas áreas que siguen quedando relegadas. En estas primeras horas que lleva presentado, hemos prestado atención para tratar de entender qué modelo de país se quiere construir.
Desde una mirada crítica, hay aspectos que preocupan. Se proyectan niveles de crecimiento que, para quienes vivimos y trabajamos en el interior, parecen más cercanos al deseo que a la realidad. La planificación económica no puede asentarse únicamente sobre escenarios optimistas si no vienen acompañados de políticas claras de desarrollo productivo. Sin inversión, sin incentivos reales para las pequeñas y medianas empresas, sin un Estado que mire a todos por igual, esos números corren el riesgo de transformarse en simples ilusiones.
Otro punto sensible es el capítulo tributario. Durante la campaña electoral se repitió una y otra vez que no habría nuevos impuestos ni aumentos en la carga fiscal. Hoy, el texto del presupuesto incorpora ajustes que terminarán impactando directamente en las familias, los trabajadores y los sectores productivos. No se trata de oponerse por oponerse, sino de reclamar coherencia y transparencia. La confianza se construye con la palabra cumplida, y cuando eso se quiebra, la política pierde credibilidad.
Y si hay algo que resulta especialmente llamativo es la ausencia de una mirada integral sobre el interior del país. Para departamentos como Salto, que reclaman hace años oportunidades educativas y laborales para sus jóvenes, este presupuesto ofrece poco y promete menos. Un ejemplo claro es la falta de recursos adicionales para fortalecer la Universidad de la República fuera de Montevideo. Sin descentralización efectiva, seguimos condenando a miles de uruguayos a elegir entre quedarse sin opciones o irse para buscar un futuro mejor.
Pero no todo debe leerse desde la carencia. Este presupuesto también representa una oportunidad. El Parlamento tiene por delante la responsabilidad de abrir un debate serio y honesto, de enriquecer el texto, de incluir las prioridades que hoy no están contempladas. Uruguay necesita un presupuesto que genere empleo, que fortalezca la educación, que impulse la innovación y que atienda los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país real, ese que se vive lejos de los números fríos de las planillas.
Estamos ante un momento clave. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas marcarán el rumbo de los próximos cinco años. No es tiempo de cheques en blanco, pero tampoco de bloqueos estériles. Es tiempo de diálogo, de construir acuerdos, de pensar en grande y de apostar a un país más equilibrado, más justo y más cercano a las necesidades de su gente.
Porque un presupuesto no debería ser solo la suma de ingresos y egresos. Debería ser, por encima de todo, un pacto con la ciudadanía. Y ese pacto se honra con seriedad, con compromiso y con una mirada amplia que abrace al Uruguay entero.
