Por Daniel Dalmao
El intendente de Salto, Carlos Albisu, concretó el cese de 291 funcionarios. Estos habían ingresado en el período pasado por designación directa de Andrés Lima. La relación laboral de estos funcionarios con la Intendencia de Salto (IdS) tuvo un cambio fundamental cuando, mediante un convenio colectivo entre el Sindicato (ADEOMS) y la IdS, lograron la permanencia. Es de destacar que el convenio referido se firmó en el marco de la Ley de Negociación Colectiva en el Sector Público (18508) e inscripto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El gobierno de la llamada “Coalición Republicana” (CORE) argumentó que se tomó esta decisión porque el Convenio referido era inconstitucional e ilegal, aunque no ha indicado claramente, aún, cuáles serían esas “violaciones constitucionales y/o legales”. También han aludido a los compromisos económicos que estas designaciones le implican a la IdS, lo que sería imposible cumplir dada la delicada situación financiera que encontraron, según ellos, al asumir el gobierno departamental.
ADEOMS respondió movilizándose activamente. Esta movilización está incluyendo asambleas, paros, marchas y presencia en los medios argumentando la justeza del convenio y reclamando el no cese-ahora el reintegro-de los trabajadores. La lucha que llevan adelante los municipales ha logrado el respaldo y la solidaridad de amplios sectores de la sociedad salteña, también ha contado con el apoyo de la central obrera, el PIT-CNT. En este sentido se dio el traslado a Salto de la dirección nacional de dicha organización el martes 30. Ese día además de participar de la movilización, la dirección anunció, en la voz de su presidente Marcelo Abdala, que en el próximo paro general convocado para este mes de octubre estará incluida en la plataforma reivindicativa la situación de los 291 cesados en la IdS.
La Mesa local del Frente Amplio (FA) resolvió, en acuerdo con la bancada de ediles, convocar al intendente a la Junta Departamental. Al momento que estamos terminando de escribir esta columna está por votarse dicha convocatoria. El edil de la 1001, profesor Regino López, será el encargado de hacer las preguntas cuando concurra a sala el intendente.
El derecho al trabajo y a la estabilidad laboral tiene que poder ser ejercido sin depender del humor o las preferencias políticas del gobernante de turno. Por lo tanto no puede haber dudas, por lo menos para quien esto escribe, en cuanto a la solidaridad con las salteñas y los salteños que enfrentan estas horas de angustia.
Otra cosa es la discusión en cuanto a la forma con que cada intendente designa a sus funcionarios. Lo que ha primado en la mayoría de las intendencias es el uso-y abuso- de la práctica reprobable del “clientelismo político”. Práctica esta que ha sido utilizada-y perfeccionada-por los partidos tradicionales a lo largo de nuestra historia. En el parlamento está por aprobarse una norma que pondrá límites a estas prácticas clientelares. Será una herramienta que ayude pero, como planteamos en una columna anterior, difícilmente sea la solución definitiva (“De clientelismo político y de la imperiosa necesidad de impulsar el desarrollo del Interior”. 29/o8/25).
Todos los intendentes blancos y colorados han hecho designaciones directas con un criterio político partidario. El ex intendente Andrés Lima también. Los frenteamplistas que no compartimos ese método no pudimos convencerlo de no incurrir en esas prácticas. Pero no dudamos nunca de participar y defender al gobierno, porque era un gobierno departamental del FA.
El actual intendente Albisu lo hizo como presidente de la CTM de SG y lo está haciendo ya en la Intendencia. En Salto Grande se puede decir que practicó un clientelismo político “VIP”, sus beneficiarios fueron, en su gran mayoría, jóvenes dirigentes políticos de “condición social acomodada” y los sueldos que recibían eran de privilegio. El objetivo allí fue, sin duda, construir una plataforma desde donde proyectar su llegada a la intendencia.
La gran mayoría de los “291” son trabajadores comunes que si, necesitan su fuente laboral, no son dirigentes políticos de alto nivel, con su situación es que nos estamos solidarizando.
El intendente Albisu está a tiempo de rever su decisión que tantos perjuicios está trayendo a humildes trabajadores y trabajadoras.
