Por Carlos Arredondo
El representante del Gobierno de Salto en el Congreso de Intendentes, Francisco Blardoni, explicó los criterios que utiliza el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) para fijar los valores de la patente de rodados y las razones por las cuales las intendencias departamentales no pueden intervenir para corregir posibles distorsiones. Según detalló, el Congreso de Intendentes delega la administración del sistema en una comisión permanente del SUCIVE, que trabaja a partir de información técnica y bases de datos especializadas para establecer las tasaciones.
CÓMO SE CALCULA LA PATENTE
Blardoni señaló que en el caso de los vehículos cero kilómetro el cálculo es sencillo: la patente equivale al 5% del valor de la factura de compra, lo que no genera controversias. La dificultad aparece con los vehículos usados, donde el sistema asigna un valor de referencia por modelo y año. “Allí es donde empieza el reclamo de la gente”, indicó. Explicó que el valor fijado por el SUCIVE muchas veces no coincide con el valor real de mercado. “El sistema puede decir que un auto vale 30 mil dólares, pero en la práctica nadie paga eso. El mercado lo ubica bastante más abajo”, afirmó. Además, remarcó que vehículos idénticos en marca, modelo y año pueden tener valores muy diferentes según su estado, kilometraje y uso.
UNA INEQUIDAD RECONOCIDA
El representante del Congreso de Intendentes reconoció que existe una inequidad objetiva. “Tres autos iguales no valen lo mismo: uno puede estar impecable, otro en estado regular y otro muy deteriorado. Sin embargo, para el SUCIVE todos pagan igual”, explicó. No obstante, advirtió que implementar un sistema de tasación individual sería extremadamente complejo. “Habría que revisar uno por uno los autos del país, lo que lo hace prácticamente inviable”, señaló. Algunos contribuyentes plantean que, si el sistema fija un valor elevado, el Estado debería aceptar comprar el vehículo a ese precio o ajustar la patente al valor real de mercado.
INTENDENCIAS DE MANOS ATADAS
Blardoni fue claro al afirmar que las intendencias no pueden aplicar descuentos ni correcciones propias una vez adheridas al SUCIVE. Cualquier excepción implicaría reabrir una “guerra de patentes” entre departamentos, algo que el sistema busca evitar. Como ejemplo, recordó el caso de las empresas de transporte de carga en Salto, que contaban con un descuento del 23% en la patente de camiones. Ese beneficio debió eliminarse tras ser considerado ilegal por el SUCIVE, lo que generó pérdidas económicas significativas para el sector.
