Lo que debería ser una celebración de la identidad y la cultura popular se ha transformado en el centro de una fuerte controversia política y ética. El Diputado por Salto, Horacio de Brum, alzó la voz ante lo que considera un avance peligroso sobre el ejercicio del periodismo profesional: la implementación de «pautas» de comportamiento e información para los cronistas que cubren los desfiles de Samba en Salto.
UNA LÍNEA QUE NO SE DEBE CRUZAR
Para el legislador salteño, estas directrices emitidas por la organización del evento no son meras sugerencias de protocolo, sino que constituyen «condicionamientos previos» que dictan qué se puede mostrar y cómo se debe opinar. «Hay decisiones que, aun presentadas como bienintencionadas, cruzan una línea que una sociedad democrática no puede aceptar. La libertad de prensa es una de ellas», afirmó de Brum de manera tajante. El legislador recordó que, si bien la censura suele asociarse tradicionalmente con el poder estatal, las restricciones provenientes de organismos organizadores operan bajo la misma lógica restrictiva. Para de Brum, estas exigencias de «neutralidad» y las limitaciones logísticas actúan como un bozal indirecto que impide una cobertura veraz y espontánea.
RESPALDO CONSTITUCIONAL
El Dr. de Brum basó su argumentación en los principios jurídicos fundamentales de la República. Según explicó, la Constitución Nacional es inequívoca al prohibir la censura previa, permitiendo únicamente las responsabilidades posteriores ante la justicia en caso de injurias o delitos, pero nunca el control anticipado de la información.
- Libertad vs. Control: El diputado advirtió que naturalizar estas prácticas bajo amenazas o restricciones administrativas es un síntoma de debilitamiento democrático.
- Derecho a la información: Al limitar el trabajo del periodista, no solo se afecta al profesional, sino que se priva a la ciudadanía de su derecho constitucional de estar informada de manera integral.
«EL CARNAVAL ES DE TODOS»
El comunicado del representante nacional cierra con una reflexión sobre la naturaleza de la fiesta máxima de febrero. Al ser el Carnaval un patrimonio cultural, de Brum sostiene que su gestión debe ser transparente y abierta al escrutinio público, sin filtros impuestos por la organización. «El Carnaval es patrimonio cultural y es de todos. Y por eso mismo, no puede tener dueños del silencio», sentenció el legislador, haciendo un llamado a las autoridades y organizadores para que den marcha atrás con cualquier medida que coarte la libertad de expresión.
