La improvisación como norma

Dr. Fulvio Gutiérrez
En el gobierno de Orsi, campea la desorganización, los errores increíbles de comunicación interna, y la irresponsabilidad en cuanto a conocer la normativa que regula los distintos aspectos de la actividad gubernamental. La gente tiene el convencimiento de que todo es improvisado, y lo que se afirma hoy, seguramente en unos días más, se cambia sin mayores explicaciones. El gasto cero de la rendición de cuentas, dejó paso a un gasto aumentado de varios millones de dólares, de un día para el otro. 
Sin embargo, lo más absurdo, y hasta vergonzoso, es la novela que se transformó, el plan del ministro Negro para combatir la inseguridad pública, y el caos que un día sí y otro también se desata, en varios barrios montevideanos. Apremiado por las circunstancias, el gobierno pretendió utilizar vehículos blindados y con especiales características, con que cuenta nuestro Ejército Nacional, especialmente los Mamba MK-7.Pero en ese clima de improvisación, se entera que esos vehículos habían sido donados por el gobierno de Estados Unidos, con la especial finalidad de ser utilizados en las Misiones de Paz de las Naciones Unidas. Jurídicamente había sido una donación modal, y como consecuencia, el donatario, es decir el Ejército Nacional, no lo puede utilizar, sino para la finalidad que impuso el donante.
Ante eso, el gobierno descubre que el ejército tiene otros vehículos para operaciones especiales, como son los blindados RPZ Cóndor, más conocidos como tanquetas, y solicita, entonces, la utilización de esos vehículos. Para ello, se pretende realizar un  acuerdo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional, a los efectos de establecer las obligaciones que le corresponderían a cada ministerio, que funcionarios los conducirán(militares o policiales), , que responsabilidades tendrán en cualquier incidente que ocurra durante las operaciones que cumplan con el vehículo, quien dará las órdenes en las acciones que se realicen, que ministerio tendrá a su cargo los costos de dichas operaciones, si las tareas especiales supondrán el pago un plus a los salarios de los funcionarios, quien pagará los daños que pudieran sufrir los vehículos, y otros detalles inherentes a las operaciones.
Pero luego que las tanquetas fueron traídas desde Florida, alguien se dio cuenta que son muy grandes para maniobrar en las callejuelas de algunos barrios, que no tienen parabrisas, y que la visión hacia el exterior se hace a través de mirillas pequeñas, que no brindan una correcta visual del terreno en el cual están. También se comentó que el ejército tiene otro tipo de vehículos, pero que tampoco serían aptos para el objetivo buscado. Esto es la consecuencia de una total falta de comunicación entre los dos ministerios interesados en el tema de seguridad interna. Mientras tanto, el tiempo pasa y en los barrios, la inseguridad sigue tan campante. 
Pero por si esto fuera poco, surgen otros problemas, jurídicos, y políticos. Desde el punto de vista jurídico, surge la duda de si este acuerdo entre ambos ministerios mediante un simple documento interno es suficiente para resolver correctamente el problema planteado, o en verdad, como ya lo han adelantado algunos legisladores, se necesita la aprobación de una ley. 
Vayamos a lo que dicen las leyes. Si analizamos las competencias del Ministerio del Interior, está claro que su cometido fundamental es la seguridad interna del Estado. (Art. 1ºLey No. 19.315 de18/02/15), En cambio al Ministerio de Defensa Nacional, tiene como competencia básica, la conducción política de la defensa del Estado, y la ejecución de la política de Defensa Nacional. Ejerce la dirección superior, organización y administración del instrumento militar, el cual está compuesto por el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya (Ley No. 19.775 de 26/7/2019). Es decir, el ministerio de Defensa Nacional no tiene competencia en el tema de la seguridad interna del Estado.
Entonces, me parece prudente, además de necesario, que se presente en el Parlamento, un proyecto de ley referido al acuerdo antes mencionado. Con eso, se logra seguridad jurídica sobre una temática que, sin duda, puede acarrear interpretaciones diferentes.
Pero para embarrar más la cancha, surgen opiniones políticas, que denotan prejuicios de vieja data. Por ejemplo, el ministro Juan Castillo, sacudiendo la naftalina de algunos recuerdos de la perimida dictadura, se opone a “sacar a los militares a la calle” (sic) para combatir la delincuencia. Tal vez se acuerda de las viejas “Fuerzas Conjuntas”, Eso es absurdo y no tiene nada que ver con el tema de combatir la delincuencia actual y el narcotráfico. Fueron otros tiempos, otras realidades, y otros valores los que estaban en juego. Lo que corresponde, es aprobar una ley que adecue a esta nueva realidad, la acción conjunta de dos ministerios, en la defensa de la seguridad interna, contras el narcotráfico, que ha puesto en peligro nuestro sistema democrático, y la existencia misma de nuestro Estado. ¡Pero eso ya!