El Parlamento aprobó una nueva ley que permitirá a unas 37.000 empresas con deudas ante el Banco de Previsión Social (BPS) acceder a un régimen especial de facilidades de pago, con condiciones más flexibles y beneficios dirigidos principalmente a micro y pequeñas empresas.
La iniciativa, que será reglamentada por el Poder Ejecutivo en los próximos meses, busca facilitar la regularización de obligaciones previsionales, promover la continuidad de las empresas, impulsar la recuperación del empleo y contribuir al fortalecimiento del sistema de seguridad social.
Según informó la presidenta del BPS, Jimena Pardo, actualmente existen unas 340.000 empresas activas registradas en el organismo, de las cuales alrededor de 37.000 mantienen deudas. De ese universo, unas 4.200 continúan desarrollando actividad económica.
Un régimen más accesible
Entre las principales novedades de la ley se encuentra la eliminación de la cuota mínima para acceder a convenios de pago, la posibilidad de refinanciar deudas generadas desde 1996 hasta la entrada en vigencia de la norma y la incorporación de períodos de gracia para las empresas que necesiten un alivio financiero antes de comenzar a cancelar sus obligaciones.
Además, por primera vez se permitirá financiar mediante convenios los aportes correspondientes a trabajadores dependientes, una posibilidad que no contemplaba el régimen vigente.
El BPS contará con un plazo de 90 días para implementar el nuevo sistema, que se prevé estará operativo a partir de setiembre. El organismo también desarrollará una campaña informativa para dar a conocer las condiciones y beneficios del régimen a las empresas alcanzadas.
Hasta seis años para cancelar las deudas
La nueva normativa establece diferentes plazos de financiación según el tipo de deuda. Los convenios podrán extenderse hasta 36 o 72 meses, es decir, tres o seis años, permitiendo que las empresas distribuyan el pago de sus obligaciones en un período más amplio y con menor impacto sobre su flujo de caja. El objetivo es que las firmas puedan mantener su actividad mientras regularizan su situación previsional, evitando que la carga financiera comprometa su funcionamiento.
Morosidad controlada, pero con casos que requieren soluciones
Pardo destacó que la morosidad del BPS se mantiene en niveles históricamente bajos, en torno al 2,5% del total de los aportes. Sin embargo, señaló que la legislación vigente presenta limitaciones para atender situaciones particulares de empresas que arrastran deudas desde hace varios años y enfrentan dificultades para acceder a mecanismos de refinanciación.
Con este nuevo instrumento, el gobierno también espera que empresas actualmente inactivas puedan sanear sus adeudos, evitando futuros inconvenientes para sus titulares al momento de iniciar trámites jubilatorios y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema previsional.
