En la mañana de ayer, las autoridades brindaron una rueda de prensa en Salto para detallar el avance del Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo. El inspector general del Trabajo, Luis Puig, aprovechó su visita a la localidad para explicar las estrategias enfocadas en disminuir los riesgos laborales y consolidar entornos seguros. Este plan de control territorial, que inició en abril abarcando Artigas y Paysandú, se concentra actualmente en suelo salteño, priorizando la fiscalización de las tareas hortifrutícolas de temporada.
FISCALIZACIÓN
EN EL CAMPO
La Inspección General del Trabajo mantiene un despliegue constante a nivel nacional para combatir la siniestralidad y el desarrollo de patologías profesionales, auditando el entorno real en el que operan los asalariados. Puig puso especial énfasis en la citricultura, describiéndola como un pilar financiero indispensable para la nación debido a su superficie cultivada, el empleo masivo que genera y los ingresos que aporta por exportaciones. En tal sentido, remarcó la importancia de respaldar este negocio productivo sin descuidar bajo ningún concepto la integridad física de sus operarios.
ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL
El titular del organismo fue contundente al señalar que todo el personal ocupado en estas plantaciones debe figurar formalmente ante el Banco de Previsión Social. La obligatoriedad de la cobertura rige plenamente, sin importar que las labores correspondan a contratos temporales o zafrales. Las empresas del sector quedan supeditadas a cumplir de manera estricta los marcos regulatorios de contratación, los acuerdos colectivos, las escalas salariales fijadas y los decretos de prevención vigentes.
IRREGULARIDADES COMPROBADAS
El resultado de las múltiples visitas inspectivas encendió alarmas por el hallazgo de escenarios preocupantes que exigen correcciones urgentes. Los fiscalizadores detectaron cuadrillas desprovistas de indumentaria adecuada, calzado de seguridad o equipos de protección individual, además de falencias severas en las planificaciones de riesgos. Asimismo, se verificó la inexistencia de comisiones bipartitas de salud laboral en diversos establecimientos. Los informes técnicos expusieron fallas extremas, tales como la ausencia de protocolos de evacuación ante emergencias médicas o ataques de ofidios, e incluso la falta de suministro de agua potable para los cosechadores.
PRÓXIMAS MEDIDAS
Frente a las deficiencias encontradas, la Inspección General de Trabajo confirmó que mantendrá la presión fiscalizadora mediante nuevas recorridas en los establecimientos de la zona. En paralelo, el organismo ofrecerá instancias de asesoramiento técnico, talleres formativos y divulgación de las normativas para colaborar con la regularización del sector. Puig exhortó tanto a las firmas principales como a los intermediarios o contratistas a asumir sus responsabilidades legales.
