Después de un año de trabajo y coordinación entre diferentes organismos del Estado, el pasado 12 de noviembre se concretó el acuerdo interinstitucional e interdisciplinario que permitirá a Salto contar con un Dispositivo de Reparación del Daño destinado a niños, niñas y adolescentes que hayan atravesado situaciones de abuso sexual, violencia, maltrato u otras formas de vulneración de derechos. La directora departamental del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Aldana Antúnez, destacó la importancia de este avance y remarcó que su concreción es el resultado del trabajo conjunto de las instituciones que tienen responsabilidades en la protección de las infancias y adolescencias.
CUARTO DISPOSITIVO NACIONAL
Se trata del cuarto dispositivo de estas características a nivel nacional y dependerá del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV). Antúnez explicó que el SIPIAV es una política pública interinstitucional que reúne a técnicos y representantes de organismos como el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio del Interior, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ASSE y la Fiscalía General de la Nación, entre otras instituciones. Sus integrantes mantienen reuniones quincenales en la sede departamental del INAU en Salto, con el objetivo de coordinar acciones y fortalecer las respuestas ante situaciones de violencia. En ese marco funciona el Comité de Recepción Local (CRL) del SIPIAV, cuyos equipos territoriales reciben, orientan y articulan las intervenciones ante situaciones de extrema vulneración de derechos, particularmente aquellas vinculadas con el abuso sexual y otras formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
La jerarca sostuvo que la puesta en funcionamiento de este dispositivo representa un paso fundamental para garantizar una atención especializada a quienes han sufrido situaciones traumáticas durante la infancia. En ese sentido, señaló que es responsabilidad del Estado brindar respuestas que no se limiten a la detección y atención inicial de los casos, sino que también contemplen la reparación de las consecuencias que estas experiencias pueden dejar en la vida de las víctimas. El dispositivo ofrecerá un espacio de apoyo psicoterapéutico orientado a acompañar los procesos de recuperación, teniendo en cuenta que las consecuencias de la violencia pueden extenderse mucho más allá del momento en que se producen los hechos. En ese sentido, Antúnez advirtió sobre la importancia de abordar oportunamente los traumas infantiles, ya que distintas investigaciones han señalado que las experiencias traumáticas no procesadas pueden asociarse, en la vida adulta, con dolores crónicos, fatiga, trastornos gastrointestinales y otras manifestaciones físicas vinculadas al sufrimiento emocional. Por ello, contar con un recurso especializado en Salto permitirá fortalecer la respuesta institucional y avanzar hacia una atención integral, que contemple tanto la protección inmediata como el acompañamiento necesario para la recuperación de los niños, niñas y adolescentes.
AVANCE PARA LAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS
La concreción del acuerdo, luego de un año de trabajo, constituye un avance para el departamento y amplía las herramientas disponibles para atender situaciones de violencia y vulneración de derechos. Antúnez subrayó que la prioridad debe estar puesta en las infancias y que ese compromiso se expresa a través de acciones concretas y de la articulación entre las distintas instituciones involucradas. La puesta en marcha del cuarto Dispositivo de Reparación del Daño del país en Salto representa, de esta manera, un nuevo recurso para acompañar a quienes han atravesado experiencias de violencia, procurando que reciban atención especializada y tengan mayores oportunidades de transitar un proceso de recuperación. La directora departamental de INAU destacó que estas acciones colocan en el centro el bienestar de las personas que más necesitan protección, reafirmando el compromiso institucional con los derechos, la recuperación y el futuro de los niños, niñas y adolescentes.