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Acusan al Gobierno de Salto de pedir un "cheque en blanco" por US$ 60 millones

La diputada salteña Natalia Pigurina, representante por el Partido Identidad Soberana, ha generado controversia en el ámbito político local al denunciar públicamente al Gobierno Departamental. A través de una extensa publicación en sus redes sociales, la legisladora criticó que se esté solicitando un millonario préstamo de hasta US$ 60 millones, con un plazo de pago de 20 años, antes de presentar el Plan de Obras del quinquenio y el Presupuesto Quinquenal. Pigurina enfatizó que el orden institucional correcto establece la presentación del Presupuesto Quinquenal, detallando obras, costos y financiación, antes de solicitar el financiamiento. La diputada calificó la actual maniobra como «pedir la plata sin mostrar el plan» y advirtió que equivale a «entregar un cheque en blanco con el dinero de los salteños.»
OBRAS SÍ, PERO CON PLANIFICACIÓN 
La representante de Identidad Soberana fue categórica al señalar que no se opone a la realización de obras en Salto, que considera necesarias, sino a la falta de transparencia y planificación. «No estamos diciendo que no se hagan obras. Al contrario: Salto necesita obras. Lo que estamos diciendo es algo muy simple: Obras sí. Pero con transparencia, planificación y responsabilidad». En su comunicado, Pigurina detalló las exigencias que, a su juicio, la Junta Departamental tiene el deber de imponer antes de autorizar cualquier endeudamiento:
-El Presupuesto Quinquenal completo.
-El Plan de Inversiones detallado.
-Los costos reales por obra.
-La proyección de pago de la deuda.
-La compra de maquinaria debidamente justificada.
-Si existen otros proyectos asociados a estos fondos.
PEDIDO DE INFOREME
La diputada anunció que formalizará su postura presentando un «pedido de informe en la Junta Departamental, argumentando que «cuidar el dinero de todos es una responsabilidad seria, no un trámite.» Concluyó su mensaje apelando al rol de control de la Junta y al derecho de la ciudadanía a estar informada: «La Junta tiene el deber de controlar. Y la ciudadanía tiene derecho a saber».