En las instalaciones de la Asociación de Retirados y Pensionistas Militares se llevó a cabo una concurrida asamblea que superó la capacidad del recinto, dejando a varios asistentes siguiendo las alternativas desde las inmediaciones. La reunión contó con el asesoramiento legal de una abogada procedente de Montevideo y convocó tanto a personal policial en actividad como a efectivos en situación de retiro, con el objetivo de coordinar acciones ante los reclamos salariales pendientes contra el Estado.
PASOS A SEGUIR EN EL PROCESO
Durante la jornada se detallaron las etapas operativas para formalizar los reclamos ante el Ministerio del Interior. Inicialmente, los interesados completarán un formulario informático de recopilación de datos. Posteriormente, se habilitará una instancia presencial para la firma de las peticiones correspondientes, diferenciadas según el estatus del funcionario: los efectivos en actividad encausarán su trámite por la vía de la Secretaría, mientras que los retirados lo harán mediante la Caja Policial. Transcurrido un plazo de seis meses desde la presentación de estas peticiones administrativas, las carpetas serán elevadas para su tratamiento en la órbita de los Derechos Humanos.
ANTECEDENTES Y JURISPRUDENCIA
El reclamo se fundamenta en antecedentes judiciales previos donde la justicia falló a favor de los demandantes, ordenando el pago de las diferencias salariales. Sin embargo, la disparidad de criterios en los fallos y la negativa sistemática del Ministerio del Interior a allanarse a las deudas han generado discrepancias. A pesar de estas diferencias, se destacaron ejemplos donde la constante presión y las acciones colectivas lograron el reconocimiento de partidas, tales como el pago de la nocturnidad iniciado en 2019 y la inclusión de la licencia del artículo 222 a partir de 2023.
ALCANCE NACIONAL DEL RECLAMO
Esta iniciativa forma parte de un movimiento de carácter nacional que ya alcanza aproximadamente 21.000 peticiones en todo el país. La búsqueda de este ajuste representa una mejora directa en las asignaciones para el personal en activo y un reajuste en los haberes de retiro para los jubilados de la fuerza policial.