Tras una reunión clave entre las principales autoridades del sector, el MGAP anunció un paquete de medidas financieras y operativas para mitigar el impacto de la sequía en el sur del país, priorizando la producción ganadera y hortofrutícola.
En una jornada marcada por la preocupación climática, la institucionalidad agropecuaria de Uruguay se movilizó para dar una respuesta formal a la situación de déficit hídrico que atraviesan diversas regiones del territorio nacional. Tras un exhaustivo análisis técnico realizado el pasado 13 de enero, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en conjunto con organismos del Poder Ejecutivo, ha decidido implementar un plan de choque inmediato, aunque con una nota de cautela: por el momento, no se decretará la Emergencia Agropecuaria a nivel nacional.
Un diagnóstico técnico frente a la incertidumbre
La decisión de no declarar la emergencia oficial se fundamenta en los reportes de INUMET y la unidad GRAS del INIA. Según los expertos, si bien el panorama es desafiante, las lluvias registradas durante la semana pasada brindaron un alivio transitorio que permite ganar tiempo. A diferencia de sequías históricas anteriores, los modelos actuales sugieren que este evento podría ser más acotado en su duración, lo que obliga a las autoridades a realizar un monitoreo continuo día tras día.
Sin embargo, el diagnóstico no es uniforme. El comunicado oficial subraya una "diversidad de impactos" que divide al país. La zona sur es, sin duda, la más golpeada. Departamentos como Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José presentan los niveles de vulnerabilidad más críticos. En estas zonas, la producción ganadera, la horticultura y la agricultura ya sienten el rigor de la falta de agua, lo que ha encendido las alarmas sobre la sostenibilidad de los pequeños y medianos productores.
Medidas de alivio: Oxígeno financiero y operativo
Para frenar el deterioro de la situación, el Poder Ejecutivo ha diseñado un primer conjunto de medidas de implementación inmediata que buscan, sobre todo, aliviar la carga financiera de los productores y garantizar el acceso al recurso vital.
Entre las disposiciones más destacadas se encuentran:
Alivio impositivo: se ha confirmado la postergación del vencimiento de enero del aporte patronal rural al Banco de Previsión Social (BPS), una medida que busca preservar la liquidez de las empresas rurales.
Flexibilidad en el pastoreo: se autorizará de forma excepcional el pastoreo en las fajas adyacentes a las rutas nacionales y caminos rurales, una práctica tradicional de auxilio cuando las pasturas internas se agotan.
Apoyo crediticio: se pondrán a disposición líneas específicas de crédito a través de República Microfinanzas y una línea estratégica del Banco República (BROU), diseñadas para enfrentar las consecuencias directas del déficit.
Infraestructura de agua: el Instituto Nacional de Colonización facilitará inversiones y créditos para sus colonos, mientras que se ha firmado un acuerdo con DINAGUA (Ministerio de Ambiente) para agilizar los trámites de registro y autorización de nuevos pozos (alumbramiento de agua).
El enfoque en el largo plazo: No solo reaccionar, sino prevenir
El documento oficial del MGAP también pone el foco en el "día después". El gobierno reconoce que el cambio climático exige dejar de lado las soluciones meramente coyunturales para pasar a una política de Estado sobre el riego.
En este sentido, se han anunciado planes para fortalecer los seguros agropecuarios y promover la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Riego. Entre las novedades para este año, destaca la Convocatoria 2026 “Agua para la granja”, junto con beneficios fiscales mediante la COMAP para quienes inviertan en gestión de agua de uso agropecuario. El objetivo final es claro: que el país cuente con un protocolo específico de sequías que se active de forma automática, minimizando la burocracia en momentos de crisis.
Un escenario en evolución
A pesar de este despliegue, el MGAP fue enfático al señalar que esto es solo el comienzo. Actualmente, se están evaluando medidas de apoyo económico adicionales dirigidas específicamente a la agricultura familiar en las zonas más críticas.
La participación de OSE y las intendencias departamentales será crucial en las próximas semanas para asegurar no solo la producción, sino también el suministro de agua para consumo humano en los establecimientos rurales más aislados. La consigna del gobierno es clara: monitoreo permanente y respuesta ágil. La Emergencia Agropecuaria sigue sobre la mesa, esperando a que el cielo dicte su próxima sentencia.